Un grupo de 12 concejales del Municipio de Quito (el organismo tiene 21 ediles), liderados por el vicealcalde Eduardo Del Pozo, plantean que el alcalde Mauricio Rodas presente su dimisión luego del escándalo de corrupción al interior del cabildo quiteño.

El Telégrafo

En una carta que circula en redes sociales, se resume que la Fiscalía General del Estado está investigando al Cabildo por supuestos actos de corrupción en la regularización del transporte público de la ciudad.

En la indagación están involucrados los concejales Eddy S. y Sergio G., que -según el texto de Del Pozo- son afines a Rodas. Este hecho es tratado por el alcalde Rodas, «como un asunto de unos concejales», con una política de «aquí no ha pasado nada», según 12 concejales.

Ante esta postura, los ediles piden que el burgomaestre «dé un paso al costado» porque «vuelve a demostrar su incapacidad de guiar los destinos de la ciudad». Mencionan que postergar la convocatoria a sesión del Consejo Metropolitano “para tratar estos temas de corrupción demuestra la falta de responsabilidad, firmeza, mano dura y compromiso del alcalde Rodas”, reseña el portal Ecuadorinmediato.com.

Por ello, consideran que Mauricio Rodas “no garantiza un proceso transparente de lucha contra la corrupción, como tampoco de rectificación de su pobre e ineficiente desempeño”. “Si Rodas no puede hacerlo, es momento que dé un paso al costado”, afirma el documento. Los 12 ediles también solicitaron que Eddy S. y Sergio G. presenten sus renuncias mientras duran las investigaciones de la Fiscalía. Ambos concejales indagados dijeron que no atenderán el pedido de sus 12 colegas para que abandonen sus cargos.

Tanto Eddy S. como Sergio G. dijeron que seguirán actuando como concejales amparados en la presunción de inocencia que establece la Constitución y demás normas del país. Eddy S. calificó el pedido de sus colegas como un acto político. El alcalde Rodas, en varias ocasiones, ha manifestado que respaldará las investigaciones de la Fiscalía sobre el presunto caso de corrupción que salpica a entidades municipales y a los dos ediles.

Fuente: El Telégrafo