Este 12 de agosto, representantes de cuerpos colegiados; académicos; trabajadores del sector petrolero y eléctrico y distintos sectores sociales, solicitaron la derogatoria del Decreto 95 que delinea la Política Hidrocarburífera del Gobierno de Guillermo Lasso, la cual establece la “privatización” de refinerías y gasolineras del país. David Almeida, secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de las empresas de la energía y el petróleo, expresó que la política de entrega de campos de producción al sector privado no es nueva, esta se inició en el Gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno desde 2011, con la entrega de campos de producción en Petroamazonas hacia la iniciativa privada.

Créditos: Radio Huancavilca

En NotiMundo Estelar, el secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de las empresas de la energía y el petróleo, David Almeida, indicó que los datos de la política de privatización a los campos de producción demuestran que el Estado ha perdido renta petrolera en lugar de salir beneficiado.

Almeida comparó datos del año 2018 del Campo Sacha, una empresa estatal y el Auca que fue entregado en el 2015 a la iniciativa privada. Sacha arrojó una utilidad de USD 56,47 por barril y por el contrario, Auca tuvo USD 29,63 por barril, es decir el 47% menos de lo que entrega el campo de operación 100% estatal.

Almeida enfatizó que privatizar significa entregar la renta o el beneficio al sector privado y dijo que eso no beneficia a la economía estatal.

Los colectivos sociales propusieron al Gobierno Nacional una serie de alternativas que permitirían mantener e incrementar la producción petrolera del país, sin privatizar la infraestructura hidrocarburífera, a través de la derogatoria del Decreto 95 y la inversión en la empresa pública Petroecuador, para de esta manera, cumplir con lo que determina el Artículo 315 de la Constitución de la República que otorga autonomía administrativa y financiera a las empresas del Estado.

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