Las medidas de alivio financiero entraron en vigencia el pasado 21 de julio, como parte de los acuerdos de la mesa de la Banca Pública y Privada, entre el Gobierno Nacional y el movimiento indígena. Paulina Vela, presidenta de la Junta de Política y Regulación Financiera, explicó que los casos se evaluarán de forma individual y que la medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

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En Notimundo al Día, Paulina Vela, presidenta de la Junta de Política y Regulación Financiera, informó que las instituciones financieras analizarán caso por caso la situación de los clientes que hayan reducido su capacidad de pago y que hayan solicitado acogerse a las medidas que entraron en vigencia la semana pasada.

Enfatizó en que las entidades financieras de los sectores público, privado, y de la economía popular y solidario considerarán el reestructuramiento o refinanciamiento de los créditos, donde se incluyen los segmentos de microcrédito, productivo pequeña y mediana empresa (pymes) y educativo. Precisó, además, que se considerarán las obligaciones que se encuentren vencidas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2022, siempre y cuando exista una solicitud por parte del deudor.

Vela explicó que la reestructuración no comprende la condonación, pues las entidades financieras son las intermediarias entre quien presta el dinero y el deudor. Además, recordó que, durante el proceso de refinanciación o reestructuración, las entidades financieras podrán considerar otorgar períodos de gracia, no cobrar gastos de cobranza, costos legales, tarifas y comisiones. Por otro lado, Vela destacó que durante este proceso se podrán otorgar nuevos créditos, pues los créditos bajo este mecanismo obtendrán la calificación de riesgo “A1”, siempre y cuando estén los pagos al día.

La funcionaria resaltó que estas medidas salieron luego de la mesa de negociación con el movimiento indígena, que tendrán carácter extraordinario y que lo que se busca es la reactivación económica de todos los sectores.

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