En Notimundo, Marisol Peñafiel, asambleísta por Alianza País (AP) y miembro de la Comisión de Justicia, se refirió al informe de la investigación que realizó esa mesa legislativa sobre los vínculos de personas y funcionarios ecuatorianos con empresas 'offshore'.

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Marisol Peñafiel, en Notimundo con Freddy Paredes y Patricia Terán, informó que la Comisión remitió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) importante información sobre la investigación en la cual se solicita al Servicio de Rentas Internas (SRI) que continúe la investigación a profundidad a empresas ecuatorianas, universidades y funcionarios públicos y privados que tengan supuestos vínculos con paraísos fiscales. Además, la mesa legislativa ha solicitado a la Contraloría que se realice exámenes especiales a funcionarios públicos para determinar responsabilidades en posibles nexos con empresas ‘offshore’.

Entre los pedidos también está que la investigación se profundice sobre algunos bancos que funcionaban en el territorio ecuatoriano, su situación legal actual, su liquidación y otros ámbitos. Entre las entidades bancarias está el Banco de Guayaquil, Banco del Pacífico, Banco Bolivariano y más entidades.

Dentro del informe están 25 nombres de funcionarios públicos, entre ellos personas cercanas al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelli, y al actual ministro Pedro Merizalde. En el caso de Yanuzelli, dijo Peñafiel que se encontraron algunas inconsistencias pero la Comisión de Justicia no tiene la potestad para establecer responsabilidades; razón por la cual se remitió a la Contraloría General del Estado.  “Nosotros remitimos a la entidad correspondiente para que determine las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.

En cuanto a las investigaciones en el ámbito privado, la legisladora Peñafiel dijo que vieron con gran asombro los supuestos vínculos de cinco universidades del país que fueron revelados por el SRI, entidad que continúa con la investigación y será la encargada de que, en el caso de que se encuentres responsabilidades, inicie el pedido de judicialización.

Una vez remitido el informe, el CAL sugerirá si la Comisión de Justicia continúa con las investigaciones o si se procede con un enjuiciamiento político. En el documento constan las empresas, entidades bancarias y funcionarios públicos y privados con supuestos vínculos con paraísos fiscales en Panamá y otros países.