La implementación de los brazaletes electrónicos para privados de la libertad dejó de ser una práctica que se observaba en otros países.

Ecuador también formará parte de las naciones que se ajustan a las innovaciones tecnológicas para controlar a las personas privadas de libertad (PPL).

En estos días, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza las primeras pruebas del dispositivo que será empleado para estas personas.

Diariamente, el Estado invierte alrededor de $ 14 en el mantenimiento de un privado de libertad. En cambio con la aplicación de estos dispositivos se invertirán solo $ 5, detalló Ledy Zúñiga, ministra de Justicia. “No solo consiste en ahorro de recursos, sino que además contempla el proceso de la re-nserción social del privado de libertad”, expresó.

El brazalete es un artículo que será empleado para los procesados que salgan de los centros de rehabilitación con medidas sustitutivas. Zúñiga informó que desde el año anterior la entidad realiza pruebas para pulir la interconexión del dispositivo con la plataforma tecnológica del ECU911.

La fase del pilotaje tendrá una duración de 3 meses porque todos los dispositivos tienen que ser compatibles con la plataforma del ECU 911. En febrero próximo se instalarán los primeros aparatos y se espera que a lo largo del año se empleen alrededor de 4 mil dispositivos, informó la funcionaria de Estado.

El brazalete es un accesorio de control y monitoreo en tiempo real que será colocado para las internos que cumplan un perfil específico. Por ejemplo para las personas que se encuentren con medidas cautelares y que no revisten peligrosidad.

En la actualidad hay 889 personas privadas de libertad con medida sustitutiva después de la prisión preventiva y 384 personas con sentencia cumplida, quienes podrían usar el dispositivo.

La ministra explicó que esta plataforma también contempla para los beneficiarios del programa de atención a víctimas y testigos.

Actualmente hay 526 personas dentro de este sistema de asistencia.

La Secretaría de Estado contempla la colocación del brazalete al procesado y un aparato de alerta (similar a un teléfono celular) para la víctima. Por ejemplo, una víctima de acoso sexual podrá activar su dispositivo en caso de que el procesado se acerque a la persona protegida; al detectar la alerta, las autoridades pueden llamar la atención del agresor y tomar procedimiento del caso.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los brazaletes también se emplearía en caso de mujeres embarazadas, mayores de 65 años y con enfermedades incurables o en etapa terminal que hayan sido procesados.

Este instrumento además puede colocarse en las personas que se encuentren con medida sustitutiva a la prisión preventiva dictada por el Consejo de la Judicatura (CJ). En la actualidad hay 1.336 personas que se encuentran bajo esta modalidad.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, añadió que este aparato electrónico también se aplicará a personas que, por condiciones humanitarias, tienen que estar fuera de prisión pero que también tiene que responder a la justicia.

Este instrumento también será empleado además en casos de arrestos domiciliarios con supervisión o vigilancia. Zúñiga estimó que en la actualidad hay alrededor de 200 casos que requieren de este tipo de control. Uno de estos es la medida que cumple Luis Ch., presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), detenido por presunto delito de lavado de activos y soborno.

La ministra explicó que en cada caso se requieren por lo menos 3 policías. Cada uno cumple turnos rotativos de 8 horas. Es decir que se requieren 3 para realizar el control las 24 horas del día. El costo diario por cada arresto domiciliario es de $ 91.

“En este caso no solo es eficiencia en el tema de recursos económicos, sino que además se lograría que estos policías salgan a la calle a cumplir con su trabajo de seguridad”, explicó la ministra.

Brazalete a prueba de manipulaciones

– Para el uso de los dispositivos se realizará la entrega bajo el cumplimiento de ciertos protocolos. En primer lugar, tiene que haber la autorización de un juez. Todo esto será normado, a través del Consejo de la Judicatura (CJ) previo a un informe técnico que lo emitirá el Ministerio de Justicia, el cual tendrá que asegurar que el lugar que se lo va a utilizar cuenta con las garantías técnicas (acceso a señal GPS, cobertura, que la geo-cerca no será vulnerable, etc.).

– Los dispositivos generan varias alertas: una cuando se sale de la geo-cerca, cuando el procesado intenta romper o sacarse el accesorio.

– El dispositivo que se empleará en el país es de tecnología china. A criterio de Carlos Estupiñán, analista tecnológico, el Ecuador ha desarrollado a gran velocidad las tecnologías virtuales. Explicó que es una gran estrategia haber enlazado las plataformas del ECU 911 puesto que estos puntos de mando tienen un alcance nacional.

– Estos aparatos cuentan con material de metal reforzado y con una cobertura para evitar alergias en la piel, por lo que el suario podrá bañarse con el aparato, ya que resiste altas temperaturas y puede estar bajo el agua.

– En caso de que haya una duda de que el privado de libertad salió de la zona de control, el personal a cargo del monitoreo puede comunicarse directamente con la radio-base, llamar al procesado para preguntarle su ubicación. Él procesado tiene que responder dónde se encuentra. Luego, si la autoridad lo requiere, el individuo tendrá que tomarse una foto con el dispositivo. Inmediatamente el mecanismo realiza un reconocimiento facial con lo que se confirmaría su ubicación.

– Este tipo de aparatos funciona en países como Estados Unidos, en Colombia, Panamá, Argentina y en Chile. En Ecuador será empleado como medida alternativa para los privados de libertad por delitos menores.