Este jueves el Comité por la Institucionalización Democrática entregó 113.116 firmas, cuatro veces más la cantidad requerida para completar el requisito y convocar a una Consulta Popular. Según el abogado Dávila no debieron rechazarse tantas firmas en la primera ocasión por lo que tomaron el recaudo necesario. Explicó que existe un proceso subjetivo al interior del Consejo Nacional Electoral en la calificación de las firmas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
.@PabloDavilaJ: «Creemos que hay un proceso subjetivo en la calificación de las firmas. Se deben contrastar con las bases de datos de SRI.» #NotiMundoalDía. pic.twitter.com/XNnqRcp1tE
— NotiMundo (@notimundoec) February 28, 2020
Afirmó que la cantidad entregada contempla las firmas que pueden ser desechadas, y recalcó que las rúbricas fueron tomadas en espacios públicos, y durante el feriado, por lo que algunas pueden ser borrosas o inservibles en los rasgos caligráficos.
Dávila dijo que el organismo de control gasta al año 12 millones de dólares. Sus principales funciones son asignar autoridades, combatir la corrupción y promover la participación.
.@PabloDavilaJ: #CPCCS tiene tres funciones: Designar autoridades, luchar contra la corrupción y promover la participación. La @AsambleaEcuador tramita una reforma para quitarle la primera atribución.» #NotiMundoalDía
— NotiMundo (@notimundoec) February 28, 2020
Con la consulta popular, se busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reorganizar la Asamblea Nacional en un organismo bicameral, disminuir la cantidad de legisladores y eliminar los suplentes; y darle independencia a la Fiscalía.
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