Ellos suman un total de 40.134 estudiantes y representan cerca de la mitad de los 80.911 alumnos matriculados en primer año a las universidades que se adhirieron al beneficio.
Estos beneficiados se agregan a los 80.163 estudiantes de cursos superiores que obtuvieron antes la gratuidad, lo que deja una cifra preliminar de 120.000 alumnos que no tendrán que abonar nada por sus estudios.
No obstante, esta cifra aún dista de la proyección inicial del Gobierno, que estimaba que 180.000 estudiantes serían favorecidos con esta ambiciosa reforma educativa impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet.
La ministra de Educación en funciones, Valentina Quiroga, afirmó a los periodistas que la estimación de la cartera es que la totalidad de los estudiantes que serán beneficiados con la gratuidad para este año será de unos 160.000, por lo tanto, aún quedan 40.000 cupos pendientes que serán asignados definitivamente en mayo.
De estos últimos, unos 6.000 corresponden a alumnos de primer año que aún no saben si podrán acceder o no al beneficio, puesto que el Ministerio abrió este martes un nuevo proceso de postulación a la gratuidad y también un periodo de apelación.
«Debemos estar seguros de la condición de cada uno de los estudiantes. Muchos de ellos no hicieron el proceso o lo hicieron con posterioridad al 22 de enero y las bases de datos toman tiempo de análisis», dijo Quiroga.
En total, «creemos que 40.000 debieran ser beneficiarios y con eso llegaríamos a los 160.000, esa es más o menos la estimación que hoy día tenemos como Gobierno», anunció.
Las organizaciones de estudiantes criticaron la demora en la asignación, pues eso significará que muchos estudiantes iniciarán sus cursos académicos en marzo sin saber si tendrán que pagar o endeudarse para estudiar.
«Eso no puede ser en términos de política pública y en términos de que hoy las esperanzas y las expectativas de miles de jóvenes están puestas en si pueden optar o no a la gratuidad, y eso les va a cambiar, efectivamente, la vida», señaló el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Daniel Gedda.
«Pedimos al Estado responsabilidad en cuanto a política pública y que el día de mañana, cuando se vuelva a pensar en una reforma, se haga con características de reforma estructural», agregó Gedda.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Rojas, criticó que, a raíz de la reforma, se generaron «muchas expectativas» y se creó «mucha incertidumbre».
La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981, cuando la dictadura de Augusto Pinochet simplificó los requisitos para la creación de universidades privadas, que se multiplicaron hasta superar las 40, que en un esquema de mercado tenían libertad para fijar el valor de sus matrículas.
Los alumnos debieron comenzar a endeudarse en el sistema financiero para pagar sus estudios, mientras muchos planteles privados redujeron las exigencias académicas de ingreso, de tal modo que la cantidad de estudiantes universitarios también se multiplicó, a poco más de un millón en la actualidad.
En este primer año de vigencia, 30 de las 33 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA) optaron por incorporarse a la gratuidad.
