Para este martes a las 08:00, la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, convocó al pleno para tratar dicho informe que recomienda proceder con el enjuiciamiento político a Carrión, por la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución. Ello implica su censura y la destitución del cargo.
Para censurar y destituir a una autoridad se requieren 70 votos. Pero entre los dos bloques sumarían unos 70 votos para no acoger el informe de la Comisión; frente a los otros, que consideran que Carrión sí incurrió en esa causal, como son el Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID), Creando Oportunidades (CREO) y los independientes, agrupados en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que suman unos 62 votos.
Carrión se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo, investigado como presunto autor de un delito sexual en contra de la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí.
Aunque ese hecho no es causa de la interpelación, los legisladores Ricardo Vanegas (PK) y Yeseña Guamaní (ID) impulsaron el proceso por incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria para ejercer el cargo.
Ello por la reunión social que se produjo en medio del estado de excepción por efectos del COVID-19, entre el 15 y 16 de mayo, a la que acudió Carrión en el domicilio del exministro Falconí.
La reunión se hizo pública por la denuncia ciudadana a la Policía Nacional de que Falconí y Carrión protagonizaron un escándalo al darse de golpes y estaban en estado etílico.
Es así como la comisión concluyó que el defensor del Pueblo incumplió sus funciones cuando acudió a ese encuentro, utilizando el vehículo institucional y la seguridad policial.
Los legisladores de PK analizarán las pruebas antes de tomar una decisión.
El parlamentario Salvador Quishpe (PK) discrepó de que se concluya que Carrión habría cometido una infracción por haber utilizado el vehículo institucional en horas no laborables y en estado de excepción.
“Hay que analizar si eso constituye una justificación para un juicio político. Evaluemos eso con la ley en la mano, no subjetivamente”, dijo.
La bancada analizará las pruebas y si las hay, procederá a votar por una censura y destitución, “pero si no las hay, no vamos a caer en el juego politiquero de alguien que utiliza las redes sociales y trata de presionar desde ahí para que se proceda con el descabezamiento de alguien”, añadió.
Y dijo que respaldan la tarea de su coideario Vanegas como interpelante y que Pachakutik no está tratando de “tapar a nadie”, pero tampoco van a “lanzarse no más”.
“El juicio político no necesariamente significa censura, el juicio político significa un medio para saber la verdad. Tienen que permitir conocerse la verdad. Y en ese sentido respaldo a Vanegas. (…) No estoy seguro de si vamos a votar por la censura o no”, indicó Quishpe.
A estos hechos se suma el análisis que harán de si existe una conexión con el informe que elaboró una Comisión de la Verdad, impulsada por la Defensoría del Pueblo, sobre los hechos ocurridos en las protestas de octubre del 2019.
“A eso nosotros vamos a poner mucho olfato”, recalcó el legislador, quien cuestionó que se haya “vendido a la opinión pública” la idea de que el defensor cometió un delito sexual. Él cree que “alguien manipuló la información para hacer creer que cometió algún delito de carácter sexual”, añadió.
Por su parte, UNES adelantó que se abstendrían de votar por el enjuiciamiento.
El asambleísta Pabel Muñoz confirmó que no ven causales, por lo que no “se prestarán para la persecución a nadie”.
“Hemos sido claros. En el estado de derecho se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. No encontramos causal para ese juicio político”, afirmó el jueves, en una rueda de prensa.
Un comunicado difundido por UNES, señala que las causales por las que se quiere enjuiciar a Carrión son de competencia de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado.
Incluso reprochan que en el enjuiciamiento al excontralor subrogante de la Contraloría, Pablo Celi de la Torre, los “mismos asambleístas” que se abstuvieron de votar por la causal de usurpación de cargo, aseguraban que era competencia de la Función Judicial; y ahora para Carrión planteen ello como una causal.
El informe de la Comisión hace una recomendación a la Fiscalía para que se investigue a Carrión por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas, porque habría autorizado a su equipo de abogados que usen su firma electrónica para suscribir una resolución con la que cesaba en funciones a la actual defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira.
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
