La diligencia se dará este jueves 12 de mayo, a las 09:30. Al respecto, a este organismo le corresponde resolver dos causas. Una tiene que ver con el control requerido por la Asamblea a la objeción total por razones de inconstitucionalidad, que fue presentada por el presidente Guillermo Lasso el 14 de abril pasado.
La segunda causa corresponde a dos acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y un ciudadano particular contra varios artículos de este proyecto, para un régimen de jubilación especial a los docentes.
Los argumentos
En ambos casos, los argumentos del Ejecutivo y del IESS apuntan que la Asamblea aprobó esta reforma, sin que existan los fondos para su financiamiento. La Corte dispuso al Parlamento que subsane esta situación el año pasado, pero el Legislativo ratificó los cambios, aunque con modulaciones.
En sus descargos, la Comisión de Educación de la Asamblea remitió varios documentos a la Corte. Entre otras cosas defiende los cambios y sugiere que la equiparación salarial podría ser financiada, incluso, con endeudamiento público.
Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y sindicatos afines como el Frente Unitario de Trabajadores han remitido varios escritos a la Corte para defender los cambios. Aducen que desde hace 11 años los docentes han sido discriminados en sus sueldos, en relación al resto de servidores públicos.
La UNE mantiene una huelga de hambre a las afueras de la sede de la Corte Constitucional. El gremio informó que al mañana del domingo 8 de mayo, 3 maestros que participan de esta acción debieron ser atendidos por paramédicos debido a “serias complicaciones en su salud”, en Guayaquil.
Por sorteo, la sustanciación de estas causas está a cargo del presidente de la Corte, Alí Lozada, quien deberá presentar un informe para resolución del Pleno.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK