La fuga de gas se detectó el 23 de octubre de 2015 en la instalación de almacenaje de gas de Aliso Canyon y provocó el traslado de miles de personas de Porter Ranch, una comunidad del norte del valle de San Fernando en la que viven unas 30.000 personas.
A través de un comunicado difundido hoy, la compañía energética anunció que el pozo con fugas fue sellado y «puesto fuera de servicio de manera permanente».
SoCalGas explicó que el 4 de diciembre de 2015 comenzó la perforación de un pozo de alivio para detener la fuga de gas natural mediante el taponamiento del pozo con fugas en su base.
El pasado 11 de febrero se bombearon fluidos pesados para controlar el escape del gas y un día después se colocó cemento en la base del pozo con fugas.
El 13 de febrero se dio por finalizado el trabajo de sellado, según la argumentación de la empresa.
«Nos sentimos complacidos de que la División de Recursos Petrolíferos, Gasíferos y Geotérmicos de California haya confirmado que el pozo con fugas ha sido sellado de forma permanente», expresó el presidente y director general de SoCalGas, Dennis V. Arriola,
«Si bien la fuga se ha detenido y el pozo se ha sellado de forma permanente, tenemos mucho trabajo por hacer, en asociación con los organismos estatales y locales para ayudar a que la comunidad local y los residentes afectados vuelvan a la normalidad. Tenemos el firme compromiso de recuperar la confianza de todos ellos», añadió.
La fuga de gas metano en Porter Ranch provocó que el 6 de enero el gobernador de California, Jerry Brown, declarara el estado de emergencia en la zona.
El gobernador señaló entonces que muchos residentes de Porter Ranch sintieron a lo largo de estos meses síntomas físicos adversos, como consecuencia de la fuga de gas, y apuntó también que «grandes cantidades de metano» fueron emitidas a la atmósfera.
En aquellas fechas, la fuga arrojaba a la atmósfera más de 30.000 kilogramos de metano a la hora, por lo que fue considerada la peor registrada en Estados Unidos desde el vertido de una plataforma petrolífera de BP en el Golfo de México en 2010.
Por su parte, el Departamento de Justicia de California demandó el 3 de febrero a SoCalGas y acusó a la compañía de no haber alertado a las autoridades a su debido tiempo y de no haber contenido con celeridad la fuga, lo que supone violar las leyes de seguridad.
«El impacto de esta fuga de gas sin precedentes es devastador para las familias de nuestro estado, nuestro medioambiente y nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático. SoCal tendrá que rendir cuentas», indicó entonces la fiscal general de California, Kamala Harris.
