Según datos del Consejo de la Judicatura (CJ), hasta el momento hay alrededor de 527 juicios por homicidio y asesinato suspendidos. Los principales imputados se encuentran prófugos y la legislación ecuatoriana no permite que una persona sea juzgada en ausencia. Por este motivo los jueces emitieron las respectivas boletas de captura para que los sindicados sean localizados y llevados ante los tribunales por la Policía, la cual es el órgano auxiliar operativo de la justicia.
El presidente de la CJ, Gustavo Jalkh, informó que la tasa de resolución de los jueces en 2015 mejoró sustancialmente, lo que redujo el índice de audiencias fallidas de 29,2% que se registraba en 2012 a menos de 3,3% en 2015. También la caducidad de prisión preventiva pasó de 2.081 en 2008 a 7 el año pasado.
“La tasa de resolución en casos de homicidio y asesinato podrían mejorar más en relación a las causas que se encuentran pendientes de avance, pero la ausencia de sindicados prófugos en los procesos detienen los juicios”, sostuvo Jalkh. El funcionario manifestó que por este obstáculo recurren a la Policía, que está obligada a detener a los requeridos, sin embargo las órdenes, “no han sido cumplidas y esto ha motivado la paralización de 349 audiencias de juzgamiento en Guayas y 179 en Pichincha”.
No se admite que los uniformados digan que no se encontró a la persona indicada en su domicilio, porque no son citadores sino que deben capturar a los requeridos. Así los procesos caminarán más ágilmente, puntualizó Jalkh.
En esa perspectiva, los jueces recuerdan a los funcionarios policiales la obligación que tienen de colaborar con la justicia, como lo establece el artículo 295 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que indica que “la o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a prestar el auxilio que esta le pida, será sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días”.
Jalkh anunció que la información relacionada con el retraso en la captura de los acusados será remitida al Ministerio del Interior para que se tomen los correctivos. Localización compleja El director de operaciones de la Policía, Ramiro Mantilla, indicó que la localización de requeridos por la justicia es compleja.
Esas personas saben que las están buscando y se ponen a buen recaudo, se mudan a diferentes barrios, viajan a otras ciudades, incluso salen al exterior, lo cual complica la búsqueda. En el caso de las boletas que emiten los jueces, un gran porcentaje es por apremio, la mayoría de las cuales se efectiviza porque hay colaboración de los afectados, quienes ayudan a los agentes con datos certeros sobre el paradero de esas personas.
Para resolver este problema la Policía creó una aplicación de celular que la tienen los uniformados, quienes cuando efectúan operativos de control en la calle, con esto ingresan el nombre de la persona o número de cédula a través del móvil que se conecta con la base de datos y verifican si alguien tiene una orden de detención. “De esta manera hemos capturado a 480 requeridos desde enero en que empezamos a utilizar esta herramienta electrónica”, afirmó Mantilla.
