El pasado 28 de julio, la Corte Constitucional rechazó la iniciativa del presidente Guillermo Lasso y emitió un dictamen no favorable respecto al proyecto de decreto ley sobre apoyos para créditos educativos que están en procesos de coactivas.
El comunicado de la Senescyt señala que la CC negó una posible solución y tranquilidad para miles de jóvenes, padres y madres de familia, que durante varios años buscaron un mejor futuro para sus hijos al solicitar un crédito estudiantil.
Con la sentencia de la Corte, añade el documento oficial de la Senescyt, miles de personas no podrán salir de coactiva con un convenio de pago en el que, para deudas de hasta $ 45.000, pueden presentar tan solo una garantía personal como requisito.
Al negarse la posibilidad de apoyo financiero, tampoco podrán limpiar su historial en el buró de crédito, no podrán acceder a un periodo de gracia de seis meses para el pago de sus obligaciones vencidas en caso de no tener un empleo fijo, no podrán obtener una remisión del 100 % de intereses, multas y recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas generados por sus obligaciones vencidas desde años pasados.
La Corte Constitucional, al negar con ocho votos el decreto ley, manifestó que la norma propuesta por el Ejecutivo no aborda circunstancias apremiantes, pues se trata de un problema estructural que data de hace más de una década y que nunca fue considerado apremiante por la Función Ejecutiva. Además, sostuvo que el Ejecutivo “no presentó ninguna razón que evidenciara que surgió una circunstancia superviniente que distinguiera la situación actual de la anterior para acreditar una situación actualmente apremiante”.
Frente a este razonamiento, el Gobierno, a través de la Senescyt, sostiene que la Corte Constitucional no valoró los dos proyectos normativos presentados ante la Asamblea Nacional y que no fueron tratados, ni siquiera conocidos por el Parlamento ni sus comisiones especializadas en dos años de funciones.
También rechazó que la CC, para negar el decreto ley, argumente que la Asamblea Nacional se instalará en 60 días, dando a entender que, en el momento en el que se inicien sus funciones, empezarán a tratar este tema y otros que fueron olvidados hace pocos meses por la Función Legislativa.
La Secretaría de Educación Superior sostuvo que sin lugar a dudas, la decisión de la CC afecta a miles de personas que lucharon por encontrar una salida a un problema que se produjo al querer mejorar sus vidas a través de la educación.
Finalmente, la Senescyt coincide con el voto salvado de la jueza Carmen Corral, quien consideró que la calificación de urgencia está justificada, pues su objetivo era brindar una respuesta inmediata a la situación actual que enfrentan los deudores.
Nota original: El Universo
