En NotiMundo al Día, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, denunció que el «abandono» del Gobierno al sector camaronero no es nuevo, pues la caída de precios del producto se registra desde finales del 2022, debido -en parte- al comportamiento de las economías de los países donde se exporta el producto, como China, Estados Unidos y el continente europeo.
Por ello, se mostró sorprendido de que el Banco Central afirme que dentro de los sectores que mayor crecimiento económico han tenido está el camaronero, ya que no se han analizado las cifras a profundidad.
«Si uno revisa el volumen de ventas, es decir las libras de camarón que salieron en el primer semestre, salieron casi un 15% más; pero para transformar eso a dólares, se debe multiplicar por el precio de venta, ahí se encuentra que hay una contracción del 5%, que equivale a USD 280 millones», explicó.
Camposano precisó que si ese mismo volumen exportado durante los primeros seis meses del año se multiplica por el precio promedio del año pasado, el sector hubiese facturado USD 800 millones más. «Ese es el monto del hueco que deja la caída de los precios internacionales», agregó. Pero esta no es la única complicación. Adicionalmente, se registra un incremento de costos por diversos factores.
Según Camposano, no solo el valor del combustible es algo que deban afrontar, sino también los cerca de USD 1 millón que se destinan al año para el área de seguridad, por concepto de custodia, guardias y también las pérdidas que representan el robo del producto en las áreas rurales. Este fin de semana, por ejemplo, se registró un robo de dos embarcaciones, donde un trabajador resultó herido.
En este sentido, explicó que Ecuador debe trabajar en la competitividad interna y generar mecanismos para que los impuestos regresen a la cadena de valor. No obstante, insistió en que actualmente «el impuesto más caro es la inseguridad», por lo que considera que es indispensable que el Gobierno envíe una reforma a la Ley de Régimen Tributario, con la que se dé paso a una doble deducibilidad para los gastos relacionados a la seguridad, así como se hace con otro tipo de incentivos.
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