La audiencia del recurso de casación, interpuesto por los tres procesados por la investigación de lavado de activos tras adjudicación de una obra pública en Pedernales (Manabí), fue convocada para el 13 de noviembre, a las 12:30, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
Con esta medida, los implicados aspiran que se rectifique la sentencia condenatoria que se emitió en 2021 y se ratificó en 2022. A José V., representante legal del contratista, lo condenaron a 36 meses de prisión; y a Jean B., asesor de un ex legislador, y Franklin C., el intermediario, les dictaron una pena de seis años de reclusión. Mientras que a la empresa proveedora de la obra la sancionaron con su disolución.
Además, en la sentencia, se dispuso una multa millonaria y la entrega a Inmobiliar del dinero incautado en la vivienda de uno de los procesados, más de $ 500.000 en efectivo; también unos $ 5 millones en pólizas de inversión.
La investigación de este caso se inició en 2019, luego de que se contratara la construcción del hospital de Pedernales (Manabí), que ascendía a $ 16,4 millones. El directivo del consorcio, según el testimonio que rindió como ‘colaborador eficaz’, narró que le pidieron una ‘comisión’ del 12 % ($ 1,9 millones) para recibir la adjudicación: “El 10 % para (los ex) asambleístas Daniel M. y Eliseo A. y el 2 % para personal del (extinto) Secob”.
Además de la confesión del proveedor, hay pruebas como transferencias bancarias, cheques entregados y cambiados, y facturas por compras realizadas con la ‘comisión’ que recibieron de este contrato.
El contratista recuerda, en su testimonio, que “todo empezó” con la llamada de un directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, quien lo habría citado para presentarle a Franklin C., considerado como intermediario y “operador” de uno de los ex legisladores, a quien llamaba ‘jefe’ en los diálogos que mantenía con él en chats, según consta en el proceso judicial.
El intermediario, de acuerdo a la declaración del proveedor, tenía “una persona de mucha confianza” en la comisión técnica del Secob y “mantenía contacto con los asambleístas” para asignar la adjudicación a cambio del 12 %. El contratista aceptó y, el 3 de diciembre de 2019, entregó al intermediario cuatro cheques como garantía. Los dos primeros, de $ 820.000 cada uno, sumaban el “10 % para los asambleístas”, y los otros dos, de $ 160.000 cada uno, eran para cubrir el 2 % destinado a “personal del Secob”. Pero estos cheques debían canjearse por otros, luego del desembolso del anticipo del contrato.
Días después, el 16 de diciembre de 2019, obtuvo la adjudicación. “Estaba feliz, porque mi oferta fue la más alta y estaba consciente de que no cumplía al 100 % con los pliegos (…), me quedé totalmente anonadado”, declaró el contratista ante la Fiscalía y agregó que guardó copias de los cheques que luego entregó a la justicia. El contrato se firmó en febrero de 2020 y le depositaron el 50 % del anticipo ($ 8,2 millones) el 3 de marzo de ese año. Ese día, el proveedor fue contactado por el intermediario para canjear los cheques de garantía emitidos desde la cuenta del consorcio, porque “tenía mucha presión por parte del personal del Secob”.
“El total de cheques entregados al señor Franklin C. fue por un valor de $ 1′660.000 dólares y cheques cobrados fue de $ 1′340.000″, indicó el proveedor, quien giró 49 cheques por $ 7,3 millones entre el 4 de marzo y el 14 de mayo de 2020. En ese lapso, el contratista retiró $ 5 millones y los depositó en su cuenta bancaria personal, desde donde aperturó cinco pólizas de inversión, cada una con $ 1 millón, que -según la Fiscalía- “dan una apariencia de licitud, siendo estas formas de inversión en la práctica muy comunes en lavado de dinero”.
Cheques con un monto de $ 327.500 fueron girados a nombre de una empresa del proveedor, aunque esta información no consta en los registros financieros de la firma; $ 300.000 fueron retirados por otra persona, absuelta en el proceso; y $ 217.350 fueron cambiados por un hermano del contratista, también declarado inocente en este caso. Del monto total que recibió el intermediario, $ 380.000 retiró en efectivo, cerca de $ 400.000 los depositó en su cuenta personal en una cooperativa de ahorros y cerca de $ 150.000 depositó en las cuentas de dos parientes.
Parte de ese dinero (dos cheques que suman $100.000) era, según el proveedor, para “ayudar” supuestamente a un directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, quien explicó -en el proceso- que recibió $ 15.000 como un “préstamo” personal que le hizo el intermediario -quien fue su alumno en la universidad y es miembro del colegio- para costear una enfermedad catastrófica de un familiar.
En cambio, el intermediario sostuvo -en su versión- que esos recursos ($ 100.000) iban a ser utilizados para “un contrato de provisión de alimentos para el personal de obreros que iban a trabajar en la construcción del hospital”. Sin embargo, con ese dinero compraron un auto por $ 32.900, según la factura de un concesionario encontrada durante el allanamiento de su casa. Esa compra la hizo, alegó el intermediario, para devolver ese vehículo en calidad de pago por un préstamo recibido de unos parientes.
Los tres sentenciados en este caso están presos desde mayo de 2020. El día de la detención, el asesor del exlegislador Daniel M. tenía un sobre con $ 45.000 y en su casa hallaron $ 574.210 en efectivo y tres armas de fuego. El dinero hallado “no tiene relación alguna con el proceso de contratación del hospital de Pedernales. Entiendo que eran recursos que él en su calidad de secretario ejecutivo del movimiento Mejor, por disposición mía, había logrado recaudar, reunir, a través de ciertos espacios, como por ejemplo, estas Agencias de Tránsito“, según la versión que dio el ex asambleísta en otro proceso judicial por el mismo caso (delincuencia organizada) y en el que fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión, actualmente en libertad tras haber cumplido más del 60% de la pena.
Y aunque la defensa de la mayoría de implicados alegó que no habría lavado de activos, porque el origen de los recursos era lícito (por ser contrato público), el abogado de la UAFE explicó: “Es lógico que el Estado ecuatoriano no va a proporcionar fondos ilícitos a ninguna de las partes, la ilicitud o el origen ilícito lo encontramos en las investigaciones que se realizan de este delito (…), los hechos de la causa se resume en que un consorcio ganó un concurso y se otorgó un anticipo, el cual nunca fue destinado para el bien concebido”. (I)
Nota original: El Universo
