Moscoso explicó que el amicus curiae, presentado junto a Miguel Molina, Pablo Játiva y Tania Torres, busca incidir en el fallo de la jueza encargada, para que tenga en cuenta que haber suspendido a la segunda mandataria, a través de un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo, representa una violación al Estado de Derecho, a las normas constitucionales y a la democracia.
«Lo que se está haciendo no tienen ningún viso de legalidad, por más mil amicus curiae que presenten abogados dentro del proceso, porque no tiene ningún sustento jurídico», lamentó.
Moscoso también consideró que, en caso de que se niegue la acción de protección y prevalezca la suspensión, el recurso deberá subir a una siguiente instancia, y si ahí también es negado, deberá pasar a la Corte Constitucional (CC). «Si esto continúa, el proceso terminará -probablemente- en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», alertó.
En caso de que esto ocurra, es muy posible que el Estado ecuatoriano esté obligado a pagar indemnizaciones a Abad, por este «atropello» cometido. Moscoso precisó que esto no tiene que ver con quiénes son los involucrados en el proceso, sino que se busca enviar un mensaje de respeto a los derechos y la Constitución. No obstante, manifestó su preocupación, pues la jueza encargada del caso es la misma que previamente ya negó las medidas cautelares a la misma Abad. «Esperemos que en algo ayude nuestro amicus curiae», puntualizó.
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