La Fiscalía solicitó un «acto urgente» de intervención en el almacén de la empresa en el cantón Durán, en la provincia del Guayas (suroeste), «para obtener y preservar evidencia frente a un presunto delito de evasión tributaria», informó la institución en Twitter.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), de su lado, anunció en un comunicado que investiga contenedores llegados al puerto de Guayaquil presumiblemente con mercancía de la firma OGC.
El organismo señaló que está en contacto con la embajada de Ecuador en España para averiguar si existen otros contenedores con envíos de esa empresa en puertos españoles, en aguas internacionales o «si llegaron a zona primaria en los distintos puertos del territorio nacional».
Agregó que en el caso de los artículos enviados como menaje del hogar, la Aduana «revisará las condiciones y alternativas legales» para que puedan ser entregados en sus destinos.
Las autoridades ecuatorianas también acudieron al puerto marítimo de Guayaquil para revisar tres contenedores que la empresa ingresó a Ecuador por la aduana, informó la Fiscalía en un comunicado.
El fiscal de la provincia de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Paúl Ponce Quiroz, indicó que en las intervenciones se han detectado presuntas irregularidades relacionadas con la manera legal de introducir los artículos en Ecuador.
Ponce Quiroz explicó que existe el caso de un inmigrante ecuatoriano que confió en esta empresa y le solicitó sus servicios, para el envío de 17 paquetes, con un peso de 445 kilos.
No obstante, al verificar el documento elaborado por OGC, para el correspondiente retiro, se detectó que se había registrado un número superior de bultos, con un peso de 4.400 kilos, aproximadamente.
Además, en algunos casos se enviaron los contenedores en calidad de menaje de casa, sin que esto haya sido solicitado por los inmigrantes, precisó la Fiscalía.
El fiscal opinó que el objetivo de enviar bajo esa figura las encomiendas podría intentar la exoneración de impuestos que se da a los ecuatorianos en el exterior que desean enviar artículos al país.
Ponce Quiroz aclaró que en este caso se investiga un presunto delito de evasión tributaria, pero no descartó que se abran otros procesos por otros actos que no estén apegados a la ley.
La Fiscalía aclaró que las diligencias se ejecutaron bajo la figura de acto urgente, el cual se solicita a los jueces en los casos en que se presume la comisión de un delito.
Perjudicados por el cierre de la empresa presentaron hoy una denuncia por el delito de estafa masiva en la Fiscalía del Guayas para reclamar pertenencias cuyo rastro han perdido, informó la televisión Ecuavisa.
Algunos de los afectados afirman que enviaron sus bienes desde España y desde que regresaron a Ecuador los reclaman sin éxito.
La empresa de paquetería cerró sus oficinas en España este lunes sin previo aviso, y miles de cajas enviadas a Ecuador se han quedado sin llegar a su destino.
La compañía, cuya sede central está en Madrid, cuenta con delegaciones en Barcelona y Hospitalet de Llobregat, Palma de Mallorca y Murcia, además de tener afectados también en Londres, Francia, Italia, Alemania y Bruselas.
Solo en Madrid hay más de 1.000 familias afectadas, según informó uno de los portavoces de una plataforma de afectados creada en la capital de España, Darwin Castro.
