«Hasta 2014, la ley ecuatoriana sobre tráfico de drogas estaba obsoleta. No distinguía entre consumidor y traficante, y castigaba por igual al pequeño vendedor que al gran narcotraficante», declaró Jalkh a Efe en el marco de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebra en Asunción.
Los cambios legislativos permiten ahora «identificar al gran narcotraficante, que ya no puede eludir fácilmente la ley», mientras que el pequeño traficante «recibe una sanción específica en relación a la cantidad» de sustancias ilícitas que se encuentren en su poder.
Jalkh agregó que los organismos judiciales disponen de unas tablas que presumen qué cantidades de droga se relacionan con el consumo y cuáles están vinculadas con el acopio o la comercialización a pequeña escala.
Para quienes son identificados como consumidores, con base en la cantidad que poseen y a exámenes psicológicos y toxicológicos, la Justicia ecuatoriana no prevé ninguna sanción, sino la recomendación de medidas vinculadas a la salud pública.
El representante del Poder Judicial de Ecuador manifestó que este tipo de medidas contribuyen a que el sistema penal sea «más eficiente», y a que la población carcelaria no se incremente.
Resaltó que Ecuador mantiene una población carcelaria de aproximadamente 155 reclusos por cada 100.000 habitantes, una cifra «muy por debajo del promedio latinoamericano».
De estos reclusos, el 74 % cuenta con una sentencia condenatoria, una proporción que era inversa hace solo algunos años, cuando el 70 % de los internos guardaba reclusión sin condena, dijo Jalkh.
El logro se debe a la confianza del sistema ecuatoriano en las audiencias orales, así como en los juicios rápidos para delitos flagrantes o con penas menores a cinco años, que se resuelven en un plazo de entre 10 y 25 días.
Otra de las medidas que ayuda a acelerar los procesos es la descongestión del sistema judicial a través de sistemas alternativos, como la mediación en conflictos.
Jalkh destacó que la mediación resolvió en Ecuador unas 28.000 causas en solo seis meses, lo que representa un 8 % de las causas no penales resueltas en el país, la mayor parte de las cuales finalizadas en un solo día.
Este procedimiento evita los procesos penales, que en Ecuador tienen un costo de alrededor de 470 dólares, frente a los 145 dólares que cuesta la mediación, lo que supuso al Estado un ahorro de alrededor de nueve millones de dólares.
Ecuador es uno de los 23 países iberoamericanos participantes en la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que por vez primera tiene a Paraguay como anfitrión.
