En un intento casi postrero de paralizar el proceso de destitución que cada vez se le ha puesto más cuesta arriba, el Gobierno de Dilma Rousseff ha decidido jugar la batalla judicial. El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño ha recibido ya tres recursos contra el impeachment. Uno ha sido remitido directamente por el Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo; los otros dos, por un partido aliado, el PDT, y un diputado favorable al Gobierno.
El recurso interpuesto por Cardozo se basa, sobre todo, en la a su juicio nula capacidad de defensa de la presidenta para encarar el proceso de destitución a lo largo de sus sucesivas fases. Para Cardozo todo el desarrollo del impeachment está envenenado jurídicamente y desvirtuado de su primera intención, de modo que a Rousseff se le acusa de una cosa y se le va a juzgar – y condenar- por otra, sin que tenga efectivo derecho de defensa. También se alude a que en el proceso ha sido incluido el testimonio de un arrepentido inculpado en el caso Petrobras, el senador Delcidio de Amaral, que no tiene que ver con la raíz original del procedimiento.
En el recurso, se menciona la parcialidad del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, enemigo declarado de Rousseff. “No entramos en las actuaciones de Eduardo Cunha y en su abuso de poder. Aunque podríamos”.
En el escrito, el Abogado General de la Unión desmenuza el informe del ponente, el diputado Jovair Arantes, sobre el que votó –favorablemente al proceso de impeachment- la comisión parlamentaria especial el pasado lunes, y que constituyó el primer paso efectivo del juicio político. Cardozo sostiene que el impeachment es uno de los pocos casos institucionales en los que el poder legislativo se atribuye funciones del poder judicial. Y por eso, insiste, es necesario respetar mucho las reglas de procedimiento, cosa que, según piensa, no se ha llevado a cabo aquí. “Se tienen que hacer imputaciones claras y objetivas”, reza el recurso. Cardozo comenta que a Rousseff se le acusa, exclusivamente, de haber maquillado las cuentas fiscales para enjugar el déficit presupuestario. Pero que en el informe del ponente –y sobre todo en el debate entre los diputados de un día entero que siguió a la lectura del informe- se discutió de todo: en esa sesión –y en el informe que iba a ser votado- se habló de corrupción, de paro, de la marcha de la economía y de la incapacidad del Gobierno para gobernar, entre otras cosas. Cardozo cita partes del informe del ponente en el que se afirma que ya “nadie cree en este Gobierno”. Una pura afirmación política que nada tiene que ver con la acusación.
A juicio de Cardozo, el informe y el debate tendría que haberse limitado a los términos exactos de las imputaciones. De hecho, el ministro de Economía, Nelson Barbosa, participó días atrás en esa comisión para defender al Gobierno –y a Rousseff- de esas supuestas irregularidades fiscales con argumentos más técnicos que políticos. El abogado del Estado añade que, en puridad y hablando de corrupción de Petrobras, la presidenta no está imputada, ni investigada.
Ahora, la pelota legal –y todo el proceso sobre el que el país se mantiene en suspenso- se encuentra en el tejado del Supremo Tribunal Federal. Los recursos serán analizados primeramente por un magistrado del tribunal, que decidirá si lo lleva a trámite o no. Si decide que sí, entonces puede decretar una paralización parcial del proceso mientras se toma una decisión definitiva y colegiada. Siga aquí la última hora en portugués.
