La Justicia argentina ordenó el allanamiento de diversas propiedades del empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo, con el fin de "recuperar activos" en el marco de la causa en la que está procesado por presunto blanqueo de dinero, dijo hoy el juez del caso, Sebastián Casanello.

«Hoy se están realizando todos estos procedimientos sobre los cuales no puedo dar precisiones» están en curso, declaró el magistrado a Radio Nacional.

Se trata de la misma causa en la que el fiscal encargado de la misma, Guillermo Marijuan, solicitó el pasado 9 de abril que se investigue a Cristina Fernández (2007-2015).

El pasado 18 de abril, Casanello procesó a Báez y a su hijo Martín, así como al contable Daniel Pérez Gadín y a los financieros César Fernández y Fabián Rossi, entre otros, al considerarlos «co-autores del delito de lavado de activos» que, según la legislación argentina, tiene una pena máxima de diez años de prisión.

Además, en la misma resolución, el juez citó a declaración indagatoria al extitular del Fisco argentino durante el Gobierno de Fernández, Ricardo Echegaray.

Casanello señaló hoy que los procedimientos dictados en las últimas horas se pusieron en manos del fiscal» Marijuan, que los está realizando con la ayuda de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), los dos organismos de control que están presentados en la causa como querellantes.

En las resoluciones judiciales hay un «objetivo» de recuperar activos «con un amplísimo abanico de medidas» a tal fin, añadió Casanello.

Ni el juzgado ni la fiscalía ahorran esfuerzos a la hora de buscarlo todo en el marco de este tipo de delitos de blanqueo de capitales, dijo.

«Tengan paciencia» a la hora de obtener resultados, expresó el magistrado, quien lamentó las filtraciones que en los últimos días se hicieron en torno a la causa.

Báez fue estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista.

La causa se inició en 2013, cuando el financiero Federico Elaskar reconoció en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.

El caso volvió a tomar impulso después de que diversos medios locales difundieran recientemente unos vídeos grabados en 2012 que muestran a varias personas contando fajos de billetes, millones de dólares, en una oficina de la financiera SGI en Buenos Aires.