AIR Worldwide indicó, además, que estas son unas estimaciones basadas aún en cierta incertidumbre dada la magnitud del siniestro y que las pérdidas económicas totales superarán por mucho a las pérdidas aseguradas. «Según estos informes, más de 1 100 edificios han sido destruidos y más de 800 dañados», detalla el informe.
Patricio Salas, representante de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), en entrevista en un medio de comunicación local, informó que el sector tiene toda la solvencia del caso para afrontar este tipo de eventos, y hay el compromiso para atender las reclamaciones de los asegurados en los lugares de desastre.
Salas afirmó que se está realizando un análisis de los daños estructurales de las edificaciones aseguradas. «Todavía es muy cercano para cuantificar las pérdidas. Existen muchos modelos estadísticos a nivel internacional que un poco aproximan la dimensión de los daños. Ciertamente estamos hablando de centenas de millones de dólares que el sector indemnizará», dijo.
Asimismo, recalcó que las cifras exactas se tendrán en las próximas semanas, no obstante, dijo que según análisis realizados por Fedeseg podrían alcanzar alrededor de 500 millones de dólares. «La actitud del sector asegurador es de total compromisos para acercarse a los afectados y atender sus necesidades de indemnización lo más pronto posible», reiteró el vocero, quien afirmó que los familiares de los fallecidos asegurados, también recibirán la indemnización.
De su lado, Carlos Sandoval, representante de la Asociación Nacional de Corredores de Seguros, señaló que no se tienen cifras exactas de las pérdidas, y recalcó que existe la capacidad de hacerle frente a la situación. «No hay una cifra clara del número de pólizas que deben activarse», detalló.
Sandoval, durante su comparecencia a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, dijo que tienen previsto que se presenten tres escenarios: la póliza de daños propios, que tiene cobertura en terremotos, temblores y erupción volcánica; una segunda que es por afectación, en donde consta el seguro de vehículos y una tercera que cubre a las personas por muerte o asistencia médica. “Pensamos que la que más se activará es para la reposición de vehículos, pero hasta el momento eso no ocurre”, dijo Sandoval.
«Debemos hacer una diferencia entre la pérdida total y lo que deben cancelar las aseguradoras. También hay que recalcar que en Ecuador las aseguradoras privadas no asesoran a los bienes de Estado», afirmó el vocero en declaraciones recogidas por el Legislativa.
De su lado, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros señaló que dada la cercanía del evento, aún no se ha levantado suficiente información respecto a los daños sufridos sobre los bienes que están asegurados (edificios, maquinarias, vehículos), así como de las personas fallecidas que contaban con un seguro de vida, o los gastos de salud de quienes contaban con una póliza en este ramo; por tanto, no es posible todavía determinar una cifra de lo que costaría a las aseguradoras cubrir los daños materiales y humanos sufridos.
Para contar con información fiable, la Superintendencia, señaló, ha dispuesto que todas las aseguradoras presenten semanalmente un detalle de los siniestros reportados con relación a esta catástrofe. Se espera en aproximadamente tres semanas contar con la información suficiente
