La política española está a las puertas de un laberinto sin salida. Tras más de 4 meses de improductivas negociaciones para formar gobierno, los partidos comenzaron a adecentar sus trincheras electorales de cara al 26 de junio convencidos de que esta segunda oportunidad debe ser decisiva para conocer la composición de un ejecutivo estable en los próximos años. Por el momento, el desánimo inunda las calles de España, hastiados de las promesas incumplidas y el inmovilismo que han hecho gala las principales fuerzas a lo largo de la legislatura más corta de la historia.
La realidad es que, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 8 de cada 10 ciudadanos consultados aseguran que no cambiarán su voto en las elecciones de junio aún sabiendo que contribuirá a la formación de un parlamento fragmentado como el de esta legislatura fracasada.
El único partido que se frota las manos es el Partido Popular (PP), aislado estos meses en la tierra inhóspita de la corrupción. Al menos saben que ni una sola encuesta pone en duda que sus electores de diciembre pasado, más de 7,2 millones, son los más fieles y convencidos de todos. En su dirección reina un optimismo moderado de frente a los comicios del 26 de junio.
La incapacidad del resto de fuerzas para llegar a un acuerdo de gobernabilidad refuerza su idea de que pese a la corrupción y la crisis volverán a ganar en las urnas. Para ello, mantienen a su candidato, el presidente en funciones Mariano Rajoy, en una especie de búnker blindado con el acceso restringido a sus más estrechos colaboradores. Sus apariciones públicas son mínimas y extremadamente cuidadas para evitar equivocaciones indeseadas. En el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hay más incógnitas. Los socialistas siguen tan divididos como en diciembre y nadie del partido es capaz de calibrar con exactitud el grado de aceptación que habrán tenido las exhibiciones pactistas realizadas por su líder, Pedro Sánchez, en los últimos dos meses. Pero temen a Podemos, y más aún si al final como parece, el partido de Pablo Iglesias alcanza un acuerdo de coalición nacional con Izquierda Unida (IU) similar al que alcanzaron en ciudades como Madrid y Barcelona para llegar a las alcaldías.
El problema de la izquierda es la beligerancia mediática contra ellos que suele pasar factura. En cuatro meses, Iglesias ha pasado de ser un imán para las audiencias televisivas a ser un político peligroso. Y el argumento reiterado es vincularlo con Venezuela, un país que para la derecha española es la reencarnación del mal absoluto. Quien más feliz parece de la celebración de las nuevas elecciones es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Las encuestas soplan favorables a sus intereses, sobre todo porque una parte importante de votantes de centro-derecha, y buena parte del empresariado nacional, valoran positivamente sus esfuerzos para conjuntar un gobierno imposible con el PSOE y el PP, algo irrealizable, pero no de uno entre las dos fuerzas neoliberales.
Los deseos financieros a favor de la gran coalición entre populares y socialistas fueron descartados, incluso por el sector más liberal del partido de Pedro Sánchez que encabeza la andaluza Susana Díaz. La única excepción, algo ya clásico en España, es la del expresidente Felipe González. De escuchar la voz de su viejo líder, salpicado por los papeles de Panamá, el PSOE corre el riesgo de desangrarse o de algo peor. Vive una batalla interna muchos meses y el resultado es imprevisible. Si es superado en junio por la probable coalición de Podemos e IU, la cabeza de su actual líder será exhibida como un trofeo por sus detractores, que son muchos y muy poderosos. En la nueva campaña el PSOE exhibirá su responsabilidad de Estado en sus intentos de formar un gobierno “de cambio”, algo poco creíble desde la izquierda cuando solo aceptaron cinco de los 60 puntos que presentaron en la última reunión concertada para salvar a última hora la legislatura.
Por todos es reconocido que los socialistas cedieron a Ciudadanos más de lo que habría sido deseable en un partido que aún sigue enarbolando la bandera de la socialdemocracia. Y es cierto que en estos últimos cuatro meses de legislatura hueca lograron sacar adelante en el Congreso algunas iniciativas progresistas en materia de protección social, siempre con el apoyo de la izquierda, pero su impacto en la ciudadanía ha sido mínimo. A partir de ahora lo fían todo a su maquinaria electoral, mientras espera que la izquierda fracase en su frente amplio para eliminar tentaciones a sus votantes más desencantados.
