Maduro anunció en cadena obligatoria de radio y televisión que firmó un decreto «de estado de excepción y emergencia económica» que le otorgue «el poder suficiente» para hacer frente al supuesto golpe, y aunque no especificó el contenido de la nueva norma, señaló que esta se hace en respuesta a una conspiración desde Estados Unidos.
Aseguró que hoy se realizó una reunión en Washington a la que presuntamente asistió el expresidente colombiano Álvaro Uribe que, supuestamente, pidió «la intervención de Venezuela por ejércitos extranjeros».
El gobernante venezolano dijo que sus enemigos, dentro y fuera de Venezuela, están «envalentonados» por el «golpe de Estado» que, dice, le dieron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Indicó que por ello incluyó en este «decreto de estado de excepción y de emergencia económica» las «medidas necesarias para garantizar la soberanía en cualquier escenario» en el que se pretenda «agredir» a su gobierno «sea política, militar, diplomáticamente desde el exterior».
El anuncio se realiza mientras la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sigue informando de acciones para que se active el referendo para revocar el mandato de Maduro cuando ya se cumplen once días desde que fuero llevadas 1.8 millones de firmas de quienes quieren revocatorio ante el Poder Electoral.
La MUD dijo hoy que mañana, durante una manifestación de calle, presentará «la ruta» con la que pretenden presionar «pacífica» y «democráticamente» al Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) para que dé celeridad al procesamiento de los requisitos para activar el referendo revocatorio.
«Se va a dibujar cuál va a ser la ruta de la Unidad (MUD) para seguir en ese proceso, cuál va a ser el plan de movilización la próxima semana, porque sabemos que este va a ser un camino con obstáculos», anunció el diputado opositor Stalin González que hoy fue vocero de la MUD.
Asimismo, también como portavoz de la plataforma, el alcalde del municipio caraqueño de Sucre, Carlos Ocariz, dijo que la oposición exigió hoy al CNE que inicie el 2 de junio el proceso de verificación de las firmas para activar el revocatorio.
La exigencia se hace después de que este jueves el CNE indicara que el 2 de junio terminará el proceso de auditoría de las firmas que le entregó la oposición el pasado 2 de mayo.
«Para este día (el 2 de junio) o el día siguiente deberíamos empezar el proceso de validación según las mismas reglas que el CNE puso», dijo Ocariz.
Por su parte, el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo hoy que si efectivamente el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, visita su país en los próximos días, le pedirá mediar para que el CNE anuncie la fecha del revocatorio.
Cabe recordar que lunes pasado, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, confirmó el viaje del arzobispo Gallagher a Venezuela, una visita que estaría enmarcada en un acto de ordenación episcopal pero que sería aprovechado por el representante del Vaticano para reunirse con autoridades religiosas y civiles.
Capriles también pidió a los que trabajan en la administración pública y que firmaron para activar el referendo, no sentir miedo ante las amenazas que han hecho algunos voceros del chavismo que han señalado que los que pusieron sus rúbricas deben abandonar sus cargos y que pronto se hará pública la lista de firmantes.
«Los funcionarios públicos tienen que estar tranquilos porque aquí no va a haber lista, los que los amenazan son los que van para afuera (…) no va a haber lista porque va a haber cambio de Gobierno y si hay cambio de Gobierno qué lista va a haber», dijo.
Más temprano, el gobernador del oriental estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, anunció que «ya viene la lista con los nombres y apellidos» de los que firmaron para activar el revocatorio.
«Entonces el que firmó que se atenga a las consecuencias porque eso es algo público, eso no es secreto», dijo.
Mata apoyó al diputado Diosdado Cabello, considerado el segundo al mando en el chavismo, que fue el primero en decir que los altos funcionarios de la administración pública deberían ser despedidos si firmaron en respaldo a referéndum presidencial.
