En la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo este 2 de junio, la jueza Karen Matamorro acogió la solicitud de la Fiscalía y resolvió dar inicio a la instrucción fiscal por el plazo de 90 días en contra de José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, investigado por el presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión, tipificado y sancionado en el segundo inciso del artículo 330 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además dispuso las medidas cautelares de prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
Con la presunta concesión de credenciales para ejercer la abogacía a personas que no habrían cumplido con los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, el procesado, quien cuenta con el patrocinio legal de Ramiro García, actual titular del gremio de profesionales del Derecho de Pichincha, habría facilitado el ejercicio ilegal de la profesión.
Uno de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia es el informe del perito auditor emitido en septiembre del 2015, y que en sus conclusiones señala que entre el 01 de enero del 2011 y el 30 de abril del 2015, fueron revisadas 977 inscripciones en el Colegio de Abogados de Pichincha, de estas, 140 no reúnen los requisitos legales y por ende, el gremio de profesionales del Derecho no debió entregar la credencial de abogado.
Para Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estas acciones suponen un atentado a la seguridad jurídica del país ya que el ejercicio profesional de estas 140 personas es cuestionable e induce a engaños tanto a quienes recibieron su patrocinio, al propio sistema judicial y a la ciudadanía en general.
El dato:
El Art. 324 de Código Orgánico de la Función Judicial dispone “… 1. Tener título de abogada o abogado, otorgado por una Facultad de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de una Universidad legalmente reconocida e inscrita en el Consejo de Educación Superior; si se trata de un título obtenido en el extranjero, deberá acreditarse su previa homologación e inscripción…”
Antecedentes:
El 8 de enero pasado se desarticuló una red dedicada a hackear los sistemas informáticos de entidades públicas, entre estas, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Dicha organización delictiva habría registrado 366 títulos falsos en el portal de esta Secretaría de Estado. De estos, cerca del 40% serían en la especialidad de Derecho.
