En una comunicación oficial al Supremo Tribunal Federal, Janot alegó que Alves actuó en el Congreso para favorecer a la empresa OAS y obtener a cambio parte de los fondos salidos ilícitamente de Petrobras.
De acuerdo con el despacho del Procurador General, reseñado por el diario digital Brasil 247, parte del dinero habría servido para la campaña electoral de Alves, quien aspiró a gobernador del estado de Río Grande del Norte en 2014, pero resultó derrotado en las urnas.
Las negociaciones del titular de Turismo involucraban al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y al extitular de la OAS Leo Pinheiro, agregó.
El pedido de investigación solicitado por Janot al STF menciona también, entre otros nombres, el del propio presidente interino Michel Temer y su secretario de Gobierno Geddel Vieira Lima.
La divulgación del despacho cursado al Supremo tribunal coincidió con la amplificación en los medios de declaraciones del ministro jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha, según el cual quien resulte involucrado en Lava Jato deberá dejar de inmediato su cargo.
Desde que asumió el poder el pasado 12 de mayo, cuando fue apartada por un período de hasta 180 días la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, el Ejecutivo interino de Temer sufrió dos bajas, de las cuales la primera fue la de su principal articulador político y exministro de Planificación Romero Jucá, quien según grabaciones pedía llevar adelante el proceso de impeachment contra la mandataria para separarla del gobierno y frenar la operación Lava Jato, mientras.
Días después cayó el extitular de Transparencia, Fiscalización y Control Fabiano Silveira, quien también fue grabado cuando criticaba la operación anticorrupción e indicaba al presidente del Senado Renán Calheiros cómo proceder para llevar adelante la defensa de los investigados.
Además de Alves y Jucá, al menos otros cinco ministros de Temer fueron citados en algún momento por sus presuntos vínculos con el esquema de corrupción de Petrobras y en otras investigaciones realizadas como parte de Lava Jato: Vieira Lima, Mendonza Filho, Raul Jungmann, Bruno Araújo y Ricardo Barros.
Comisión Procesal define cronograma para juicio político contra Rousseff
Por otra parte, avanza el proceso para el juicio político a la presidenta y este lunes deberá establecerse el cronograma en una reunión de la Comisión Procesal de Impeachment del Senado Federal.
El cronograma de trabajo está sujeto a decisiones del titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quien lleva las riendas del procedimiento y debe pronunciarse sobre varios aspectos, el más importante de los cuales parece ser el acortamiento de los plazos para las alegaciones finales.
En su reunión anterior, el jueves pasado, el presidente del colegiado Ricardo Lira admitió una cuestión de orden presentada por la senadora Simone Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que propone reducir en 20 días el período para las presentaciones finales de la defensa y la acusación.
El calendario inicialmente propuesto por el relator de la comisión Antonio Anastasia preveía 15 días para cada una de las partes, pero la propuesta de la legisladora peemedebista sugiere que sean solo cinco.
Lewandowski tendrá que definir cuál de los plazos es el aceptable (o ninguno de los dos), y también pronunciarse sobre el examen de los requerimientos aceptados por el relator, que fueron votados de conjunto cuando senadores de los partidos de los Trabajadors (PT) y Comunista de Brasil (PCdoB) pedían que fuera uno por uno.
Por último, está pendiente decidir también si el juzgamiento de Rousseff deberá ceñirse a dos hechos, como pidió el legislador Aloysio Nunes, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD): los cuatro decretos suplementarios, en bloque, y las llamadas pedaladas fiscales, o que sean cinco los hechos, como reclama la defensa.
En el encuentro de la pasada semana, el abogado defensor de Dilma, José Eduardo Cardozo, afirmó que la sesión de trabajo del colegiado corroboraba que hay un golpe de Estado (parlamentario) en curso en Brasil y anunció que interpondría cuatro recursos ante el Supremo Tribunal por considerar cercenado el derecho a la defensa.
