Leonardo Orlando, director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), comentó que se ha evidenciado que cinco universidades (cuatro de Quito y una de Guayaquil) mantienen relaciones comerciales con grupos económicos nacionales e internacionales, que, a su vez, tienen relación con empresas offshore en paraísos fiscales.
Enfatizó que dichos establecimientos particulares en el período 2008 – 2016 han enviado al exterior 118 millones de divisas-, mientras 22 autofinanciadas lo han hecho por 60 millones, dando un monto cercano a los 200 millones de dólares. Se ha detectado el ánimo de lucro y la no reinversión de excedentes en el mejoramiento de la infraestructura de los planteles, fortalecimiento de la investigación y la excelencia, lo que constituye un claro irrespeto a la norma constitucional, afirmó.
Recordó que las universidades gozan de exenciones tributarias como el Impuesto a la Renta y otros tributos a nivel de gobiernos seccionales, pero al mantener el ánimo de lucro hay riesgos en la cultura tributaria, que tendrá que ser revisada a la brevedad posible.
Las universidades privadas han establecido como norma de conducta el alquilar bienes y pagar ingentes sumas de dinero por el arriendo, siendo los dueños de los predios generalmente directivos de las instituciones o sus familiares directos. Esa actitud también se manifiesta en la provisión de servicios hasta para la contratación de servicios de publicidad con compañías del exterior, cuyos accionistas tienen empresas domiciliadas en paraísos fiscales, dijo.
Eliminar el lucro
Entre tanto, René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), presentó a los comisionados un conjunto de reformas legales para garantizar la prohibición del lucro en las instituciones de educación. Se trata de prohibir las prácticas que posibilitan la extracción de los recursos o excedentes desde las instituciones de educación superior (IES), otorgar el plazo de un año para que las instituciones de educación superior particulares ajusten su funcionamiento al nuevo marco normativo y sancionar severamente a las IES y personas que incumplen la prohibición del lucro, explicó.
Se obliga también a invertir los excedentes en la propia institución, además las instituciones de educación superior no podrán realizar transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales, no podrán realizar actos, contratos, operaciones o transacciones con partes relacionadas (patrocinadores, autoridades, familiares propietarios o que ocupen cargos de dirección en la otra parte), argumentó.
Los asambleístas Gastón Gagliardo y Norlama Zambrano pidieron que se especifique los montos y beneficiarios del lucro, mientras el legislador Ricardo Moncayo solicitó la comparecencia de las autoridades de esos centros.
