La mañana del viernes 7 de octubre, la jueza ponente Maritza Romero anunció la suspensión de la audiencia, para la revisión minuciosa de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa de los procesados. Luego se convocará a las partes para informar la resolución del caso.
En su intervención en la audiencia de juicio, la fiscal Thania Moreno sustentó que existen suficientes pruebas que demostrarían la participación de los 15 procesados, en el delito de delincuencia organizada. Entre estas constan testimonios anticipados donde se revelaría el sistema que se utilizó para cometer los hechos ilícitos.
Entre las 1.404 pruebas documentales, la fiscal Moreno presentó informes de los movimientos bancarios y los escritos de los 1.317 pases que habrían sido entregados a cambio de pagos ilegales.
En esta diligencia, la Fiscalía presentó a 33 testigos, entre ellos los peritos que realizaron los informes sobre la verificación de datos en la Comisión de Pases de la Policía Nacional.
Según las investigaciones de la Fiscalía, entre octubre del 2014 a julio del 2015 habría operado una estructura delictiva dedicada a tramitar traslados a diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional, sin respetar los reglamentos internos.
Existen 278 cuerpos procesales, en los que se detalla que los pases se habrían comercializado a 1.000, 1.500 y 2.000 dólares cada uno.
La fiscal Moreno informó que en la investigación se determinó que existió una red, cuyos integrantes estaban ubicados en puestos estratégicos. Ellos habrían manipulado el sistema o lo desbloqueaban con sus claves, para que se realice la operación, a pesar de que los traslados de los policías no cumplían con el reglamento. Una vez comprado el pase, este estaba listo en 48 horas.
Los procesados fueron acusados con base al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la delincuencia organizada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, para autores, y de 5 a 7 años en caso de colaboradores (cómplices).
En este caso existe el agravante de que la estructura delictiva habría estado conformada por policías en servicio activo, por lo que la pena podría incrementarse.
La audiencia de juicio inició la mañana del lunes 5 de septiembre, ante los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, conformado por Maritza Romero, Dilsa Muñóz y Mario Ochoa. Por falta de espacio esta diligencia se efectuó en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
En esta diligencia, la fiscal Moreno se abstuvo de acusar un procesado, por no existir suficientes pruebas en su contra.
Datos:
El excapitán Luis Carrera y el exteniente Ernesto Montenegro, que fueron sentenciados a 8 meses y 4 días de privación de libertad, en mayo pasado, cumplieron su condena y recuperaron su libertad.
La Fiscalía notificó a 26 personas con el inicio de las investigaciones previas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
