El Gobierno del Ecuador, profundamente comprometido con los Derechos Humanos y el respeto del derecho a la comunicación, rechaza todas las aseveraciones realizadas, el 3 de noviembre, por el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas y reitera lo ya expresado públicamente en innumerables ocasiones a ambas Relatorías:
1. El Gobierno del Ecuador lamenta que a pesar de haber proporcionado siempre a estas Relatorías toda la información sobre el respeto del derecho a la comunicación existente en nuestro país, se insista en manipular los procedimientos de derechos humanos con fines políticos. Acciones como estas, únicamente, contribuyen a aumentar el descrédito de estas instancias y afectan la real protección de los Derechos Humanos.
2. Cada año, desde el 2013, el Gobierno del Ecuador presenta una respuesta completa a la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH, en la que reitera su posición sobre la carencia de legitimidad de esta Relatoría y demuestra que la información que presenta está plagada de imprecisiones, sesgos y argumentos faltantes a la verdad.
3. En las respuestas del Gobierno del Ecuador, año tras año, se demuestra que la información con la que la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH elabora sus informes proviene de Fundamedios, organización abiertamente de oposición al Gobierno Nacional, que comparte importantes fuentes privadas de financiamiento con la Relatoría, lo que le resta toda objetividad e imparcialidad a sus informes. Asimismo, la Relatoría se nutre de información proveniente de los directivos de la asociación de dueños de los medios de comunicación respondiendo a una agenda política y sectorial clara.
Cabe recordar, una vez más, que gran parte del financiamiento de la Relatoría no proviene del fondo regular de la Organización de Estados Americanos, sino de contribuyentes especiales de los Estados Unidos de América, incluyendo el salario del Relator.
4. Es lamentable que el Comunicado repita los mismos puntos y en el mismo lenguaje de los últimos informes de la CIDH. El Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas debería tener más cuidado a la hora de poner su firma en este tipo de documentos.
5. El Gobierno del Ecuador rechaza todas las aseveraciones contenidas en el Boletín de Prensa sobre la Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación, mismas que pretenden desconocer la naturaleza y el real contenido de dicha normativa, la cual busca de manera expresa garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión, la democratización y diversificación de la propiedad de los medios de comunicación para una distribución equitativa entre público (33%), privado (33%) y comunitario (34%), la prohibición de la censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a la rectificación, y a la réplica, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la profesionalización de los comunicadores, la integración del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, y de la Superintendencia de Información y Comunicación.
El Gobierno de Ecuador vuelve a pedir a las Relatorías Especiales de la CIDH y de la ONU que revisen toda la información remitida por el Estado ecuatoriano y reitera el pedido para que todas las imprecisiones, omisiones y errores detectados sean rectificados públicamente y a la mayor brevedad.
