Se trata del exviceministro de Transporte y director del el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel García Morales. En las próximas horas la Fiscalía colombiana le imputará los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
“La Fiscalía tiene evidencia que el señor García exigió la suma de 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores”, declaró el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa.
El pasado 22 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países latinoamericanos recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos. La suma de la que hablaba la investigación estadounidense en el caso de Colombia rodeaba los 11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.
El caso en Colombia
Después del anuncio de Estados Unidos, explicó el fiscal colombiano, la investigación arrancó y tres semanas después pudo “establecer que la firma Odebrecht efectuó evidentemente pagos para obtener la celebración de varios contratos en Colombia”. El primero de esos desembolsos fue por el valor de 6,5 millones de dólares y se llevó a cabo para la concesión de la Ruta del Sol (una importante carretera de ese país) que estaba a cargo del Inco, “dirigido en aquella época por el exministro de Transporte Gabriel García Morales. Este contrato fue adjudicado a finales del año 2009 y firmado en el año 2010”, apuntó el jefe de la Fiscalía.
Según el ente investigador, estos pagos fueron realizados “a través del Departamento de Operaciones Estructurales” de Odebrecht, que de acuerdo a las pruebas recogidas y en poder de esta autoridad “era el mecanismo a través del cual esa firma hacía los pagos derivados de corrupción”. La suma restante para completar los 11 millones de dólares que habría recibido Colombia por cuenta de los sobornos “se utilizó para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura”, añadió la Fiscalía, que insistió en seguir recogiendo material hasta establecer a los terceros y funcionarios públicos que puedan estar involucrados en estos hechos.
Además, el fiscal Martínez anunció que Odebrecht solicitó un principio de oportunidad “con el objeto de colaborar en el proceso y obtener inmunidades en el marco del sistema acusatorio”. En respuesta, el órgano investigador respondió que dicha figura estaba condicionada “al pago de una reparación integral del daño causado a la administración pública de Colombia por estos hechos, estimado en la suma de 32.000 millones de pesos”.
Investigaciones en otros países de la región
El caso, en el resto de países latinoamericanos sigue moviéndose. El pasado 5 de enero, la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo con la constructora para obtener información y para recibir el pago de un adelanto. “Mediante este convenio preliminar la empresa se compromete a entregar al Ministerio Público información y/o documentación relevante que le sea requerida, aunque se encuentre en un país diferente al Perú”, explicó el ente investigador en un comunicado de prensa.
Panamá anunció medidas contra Odebrecht y aseguró que cancelará los nuevos contratos. Argentina sigue tras la pista de los contratos suscritos con la compañía. En Ecuador, las autoridades también adelantan pesquisas.
