Esta vez, se analizaron, caso por caso, de forma individual, las alternativas que podrían tener los deudores de buena fe y quienes mantienen obligaciones con la banca cerrada, para ponerle fin a sus problemas. Para agilitar el proceso, se hicieron dos mesas de trabajo, en donde los legisladores escucharon y analizaron junto con representantes del BCE y más involucrados en el tema, los mecanismos jurídicos que puedan usarse para solucionar los impasses.

En la comisión intervino Alejandra Cantos, ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), quien hizo un repaso por los planteamientos hechos para solucionar la crisis bancaria de 1999, como la Ley de Aseguramiento de Depósitos, que según dijo, sirvió para solventar los problemas que se presentaron en este gobierno, cuando quebraron tres bancos. “Aceptamos asumir la gerencia de la AGD, si había la voluntad política de cerrarla y eso implicaba pagar las cuentas. Quienes ya pagaron en demasía, no pueden seguir en la lista de deudores”, dijo y pidió que se contrate una auditoría internacional, para que analice caso por caso, porque insistió en que no todos son iguales.

Para Cantos, no es posible dejar a estas personas al margen de la protección de derechos. “Hay una deuda pendiente”, recalcó.

Casos puntuales

Virgilio Hernández, presidente de la comisión, aseguró que la ley anterior solucionó problemas de 500 personas y dijo que esta vez se trata de recoger casos puntuales y encontrarles una salida jurídica.

Ya en la división de grupos, se trató el proceso de cierre de la crisis bancaria y el rol que cumplió el Banco Central del Ecuador.  Los representantes del BCE analizaron junto con los asambleístas casos concretos, como el de Jennifer Bolaños, quien junto a su hermana, asumió una deuda de su madre fallecida. Sin embargo, aseguraron que a pesar de que estaban al día en la deuda, el BCE les comunicó que no se transferiría el bien por el que pagan la deuda. Para este y otros casos, se buscan alternativas legales, como la reforma al artículo 14, en lo que respecta al contrato mercantil. Además, se colocará que los pagos hechos por vía judicial los registre el Banco Central.