«Se tomó la decisión de separar a todos los niños y adolescentes para que no estuvieran hombres y mujeres juntos (…) y evitar agresiones entre sí (…). Estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias incluida la llave», admitió el mandatario en una entrevista con CNN en Español.
El miércoles se registró un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que se saldó con 37 niñas y adolescentes fallecidas y 16 hospitalizadas. Según los primeros indicios, ellas mismas originaron el fuego para protestar por las violaciones de derechos humanos que sufrían después de intentarse fugar la noche anterior.
Varios testimonios ya habían dicho que las niñas estaban encerradas bajo llave en un aula 4×4 en el momento del siniestro, pero se desconoce si posteriormente esa puerta se abrió y respecto a esto el presidente pidió «paciencia» para escuchar a los entes investigadores.
La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían sido internados por ya haber cometido delitos.
En la entrevista, Morales anunció que el titular de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, -dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de la primera dama-, le presentó su renuncia de forma voluntaria, aunque añadió que estará en el cargo para dar respuesta a la emergencia mientras no se encuentre a un sustituto, una persona que probablemente se nombre el lunes.
El año pasado, la jueza Verónica Galicia había ordenado el cierre de la institución pero el presidente dijo que los Juzgados seguían enviando a menores y que además esto «no se puede hacer de la noche a la mañana».
Cuestionado por si el sistema de protección a la niñez y la adolescencia de Guatemala funciona al ver esta tragedia, el presidente dijo que es el que hay pero que necesita una reforma integral que ya el Ejecutivo ha empezado a trabajar, empezando, por ejemplo, en la desinstitucionalizacino de los más de 6.000 niños que están bajo la custodia del Estado y que tienen familias que los pueden cuidar.
Desde hace años el centro ha estado envuelto en la polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado en este caso investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.
