La medida regirá durante 30 días a partir de la suscripción, el 12 de marzo. En el documento se dispone la movilización en todo el territorio nacional hacia dichas provincias, de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial de las Fuerzas Armadas, de la Policía y los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas, deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas que provocó el terremoto.
El Primer Mandatario suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y libre tránsito de los afectados por el terremoto, por cuanto algunos ciudadanos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física. Esa tarea estará a cargo del Ministerio de Coordinación de Seguridad.
