No salieron adelante ninguna de las tres enmiendas que pedían nombrar a Gibraltar interpuestas por tres eurodiputados británicos, una laborista, un conservador y un euroescéptico, y a las que se querían sumar los nacionalistas catalanes y vascos.
Aunque no aparece en la resolución, Gibraltar centró parte del debate en la Eurocámara dedicado al posicionamiento sobre el «brexit», la salida del Reino Unido del la Unión Europea (UE).
El líder del Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, advirtió que «Gibraltar va a romper el acuerdo» entre la UE y su país, por el veto que España utilizará si se incluye el Peñón en el acuerdo en vez de tratarse de forma bilateral entre Londres y Madrid.
Farage afirmó que es «una hipocresía» que los Veintisiete digan que irán a una en las negociaciones y no se admitirán acuerdos bilaterales de los Estados miembros con Londres «pero se incluya una cláusula que dice que España tiene derecho de veto si no están de acuerdo con la solución para Gibraltar».
El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, afirmó que «los españoles no estarán solos con respecto a Gibraltar frente a Londres. Los intereses de los españoles son los de todos los europeos».
Por su parte, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Eurocámara, Ramón Jáuregui, señaló que debe buscarse «un acuerdo que sea fruto de una voluntad de convivencia con Gibraltar. No es guerra de soberanías. Pero no se puede admitir que haya una colonia en Europa en el siglo XXI».
El líder del Partido Popular (PP) en el PE, Esteban González Pons, en referencia a las arengas del conservador británico Michael Howard afirmó que los políticos del Reino Unido «se equivocan cuando no ven que el nacionalismo extremo conduce al racismo y han pasado solo siete días desde el ‘brexit’ y no paramos de escuchar desprecios a España, y a los más nacionalistas con la palabra guerra en la boca».
En la resolución de la Eurocámara aprobada por 516 votos a favor, 133 en contra y 50 abstenciones, se establece que el acuerdo del «brexit» deberá entre otras prioridades, aclarar el estatuto legal de los británicos que viven en la UE y viceversa, así como provisiones sobre sus derechos fundamentales tras la salida de Reino Unido.
En ese sentido, el negociador de la UE para el «brexit», Michel Barnier, ensalzó la necesidad de que en los próximos dos años de negociaciones haya «reciprocidad» y «no discriminación» en el respeto a los derechos de los comunitarios que viven y trabajan en la UE y viceversa, reivindicaciones que recoge el texto.
Igualmente, los eurodiputados reclamaron aclarar las nuevas fronteras exteriores de la UE y un trato especial para Irlanda del Norte, de forma que no se torpedee el proceso de paz con más inestabilidad.
Asimismo, se reclama que el Reino Unido pague los costes del «divorcio», una factura sobre la que mostraron sus disconformidades en el debate previo al voto Barnier y Farage, entre otros.
Farage advirtió a la Eurocámara que la primera ministra británica, Theresa May, «no piensa cumplir» las exigencias de Bruselas, incluidos «los 52.000 millones de libras de factura que dicen que tenemos que pagar, una cifra que se han sacado de la manga, que parece un rescate» para la UE.
«No somos nosotros los que nos vamos de la UE. Son ustedes los que se van», le contestó el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, al político euroescéptico, que lució para la ocasión calcetines con la bandera británica.
La resolución del PE establece que «el acuerdo financiero con el Reino Unido debe incluir las obligaciones legales que emanen de los compromisos presupuestarios que el país tiene pendientes, así como hacer provisiones para las partidas que no figuran en el balance, las obligaciones condicionales y otros costes financieros que puedan surgir como consecuencia de la salida».
La Eurocámara tendrá derecho de veto del acuerdo final alcanzado entre Londres y los Veintisiete.
