Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y representante legal de Fundamedios, en entrevista para Notimundo a la Carta con Hernán Higuera y Verónica Jarrín, se refirió a los datos que fueron entregados por parte del Gobierno a las Naciones Unidas.

Cancillería

Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y representante legal de Fundamedios, en entrevista para Notimundo a la Carta con Hernán Higuera y Verónica Jarrín, se refirió a los datos que fueron entregados a las Naciones Unidas en cuanto a pobreza, justicia y hacinamiento penitenciario por parte del Canciller del Ecuador.
Espinel aseguró que eso fue lo que dijo el canciller ecuatoriano Guillaume Long el pasado lunes frente a varias recomendaciones por parte de más de 83 Estados.

De igual forma, indicó que es necesario destacar que Long “mantuvo un discurso estigmatizante en contra de las organizaciones de la sociedad civil”, pues dijo que lo que se expone es una visión sesgada de un pequeño grupo de la sociedad civil que desconoce lo que pasa en el país. Sin embargo, Espinel piensa que hay un desconocimiento por parte del Canciller de la preocupación de la comunidad internacional sobre los derechos y las libertades en el país.

Asegura que los datos que se manejaron no son la realidad, ya que por ejemplo, en el caso de una disminución de la pobreza no se dieron a conocer cifras reales, por lo que manifestó que la sociedad civil juega un rol significativo para contrastar estos datos. Para poder constatar los datos expuestos por el Canciller, es importante que exista la visita de relatores especiales de Derechos Humanos y justamente, una de las recomendaciones que se dieron a Ecuador, es que la visita se la haga viable, dijo.

Considera que la situación de derechos y libertades en el país, cada vez se deterioran más. Asegura que es importante que no únicamente exista la voz del Gobierno y la voz de la sociedad civil, la misma que se encuentra deslegitimada, se acepte la visita de los distintos relatores de Derechos Humanos, ya que son más de ocho años que no han visitado el país.