El juez Francisco Ortega dictó seis meses de prisión preventiva contra el ministro Temístocles Montás, igual pena para el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y extitular del Senado, Andrés Bautista, y un año para el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que distribuyó los sobornos.
El pasado 29 de mayo, pocas horas después de ser detenido junto a otros 9 políticos y empresarios, Montás puso su cargo a disposición del presidente del país, Danilo Medina, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso.
Para el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, alto dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el juez dispuso 9 meses de prisión, mientras que el exdiputado Ruddy González deberá cumplir 6 meses de cárcel preventiva.
A su vez, Ortega impuso 9 meses de cárcel para el abogado Conrado Pittaluga, y 3 meses para el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) César Sánchez y para el exfucionario de esa dependencia Máximo De Óleo.
En tanto, para el extitular de la Cdeee Radhamés Segura, miembro del influyente comité político del PLD, y para el exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez, decidió arresto domiciliario.
Entre los 14 implicados por este caso hay dos senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Julio César Valentín y Tommy Galán y un diputado del PRM, Alfredo Pacheco, que tienen inmunidad parlamentaria.
Para los legisladores, cuyas respectivas Cámaras ya han iniciado el trámite para decidir si les retira o no la inmunidad, Ortega decidió una medida de coerción consistente en impedimento de salida y una fianza de 5 millones de pesos (unos 105.200 dólares).
Otro de los imputados es el ingeniero Bernardo Castellanos, que está fuera del país y ha informado de que regresará para enfrentar las acusaciones, aunque esto no se ha producido hasta este momento.
Los imputados tienen un plazo de 20 días para recurrir el fallo judicial, según la sentencia leída al final de la audiencia, que se había aplazado en varias ocasiones.
Asimismo, el juez acogió la solicitud del Ministerio Público para que el caso sea declarado complejo, una acción que, según dijo la semana pasada el procurador general, Jean Alaín Rodríguez, «permitirá tener mayores medios de prueba y un plazo razonable para profundizar las investigaciones».
A la vez, le otorgó un plazo de 8 meses para que amplíe las investigaciones sobre este caso.
Al grupo, que ha negado durante las audiencias vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones en sobornos en la República Dominicana entre 2001 y 2014, periodo que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.
Fuente: EFE
