El oficialismo se suma a las críticas al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), lo que ya es novedad. Los integrantes de PAIS, de la Comisión de Fiscalización, cuestionaron el trabajo y las designaciones efectuadas por ese organismo público.
Ayer, tres consejeros comparecieron a esa comisión para presentar un informe de gestión. Raquel González, presidenta del Cpccs, y Edwin Jarrín, vicepresidente, hablaron sobre el poco conocido Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, y dieron cifras sobre su trabajo (ver infografía).
Esa fue la segunda convocatoria de la comisión para el Consejo, que está en el centro de las críticas desde que salió a la luz el caso de corrupción del excontralor Carlos Pólit.
El organismo, creado en 2008, tiene en sus manos la designación de las máximas autoridades de la Función de Transparencia y Control: Defensor del Pueblo y Público, Fiscal, Contralor, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Procurador. Además, selecciona a los superintendentes, magistrados y Consejo de la Judicatura.
La entidad tiene otras dos funciones adicionales: promover la participación ciudadana y luchar contra la corrupción.
Cuatro asambleístas del movimiento gubernamental y aliados reconocieron errores en esos nombramientos y en la lucha contra la corrupción.
El más duro fue Hermuy Calle, de PAIS y miembro de esa comisión. Él dijo que se ha perdido el equilibrio y adquirido la autocomplacencia.
Considera que hay que enmendar y admitir que algo está fallando. “Desde diciembre sabemos lo del contralor y si usamos lo mismo para designar a la nueva autoridad sería una burla para la ciudadanía”, advirtió durante la sesión.
La aliada socialista Silvia Salgado explicó que hay cinco normativas anticorrupción, y recordó al Consejo que no envió proyectos de ley para fortalecer los mecanismos de control y transparencia. Mientras, el legislador alterno, Werner Yela, de PAIS, afirmó que la ciudadanía percibe al Consejo como una institución burocrática.
Su colega oficialista, Karla Cadena, los cuestionó porque no han cambiado el reglamento para exigir la declaración de bienes al ingreso y salida de altos funcionarios.
Para la oposición los hechos de corrupción no son aislados y la situación es muy grave. Homero Castañer, de CREO, enumeró los 14 funcionarios procesados, dos exministros. “Hay que actuar con independencia e imparcialidad para evitar la impunidad”, subrayó.
