En Notimundo Estelar, Lidia Sarabia, agente fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, aseguró que el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otras tres personas, fueron llamadas a juicio por el delito de delincuencia organizada en la negociación de pruebas rápidas para detectar Covid-19.

Créditos: El Universo

La agente fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Lidia Sarabia, develó que al momento están con un auto de llamamiento a juicio: el expresidente Abdalá Bucaram; su hijo Jacobo Bucaram; Isabel Marengo Pita, quien se encuentra prófuga; Leandro Berrones, uno de los agentes de tránsito que no se sometió al procedimiento abreviado y escogió irse a juicio; y Sheinman Oren, uno de los israelíes que fueron identificados dentro de la causa. Detalló que se espera que en febrero del 2022 se desarrolle el juicio.

Afirmó que han presentado tres elementos generales de convicción y para cada procesado han exhibido 20 elementos. Entre ellos, mostraron los llamados, partes y otras pericias, como el cotejamiento de la voz, videos donde han reconocido fisiológica y morfológicamente a Jacobo Bucaram recibiendo las pruebas de Covid-19. “Hemos presentado también pericias de extracción de los teléfonos celulares. Es en el teléfono de Sheinman Oren en donde tenemos videos e imágenes que corresponden con la teoría de Fiscalía: Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram, han tenido participación en calidad de colaboradores por procurar, cooperar, pretender una impunidad y ocultar todo lo que ha sucedido”, manifestó.

“Hemos registrado los audios que le dice: Mira, si no cambias tu versión en la que me nombras a mí, no va a haber lugar en el mundo donde te puedas esconder. De acuerdo a nuestras investigaciones eso le dice Jacobo Bucaram a Shy Dahan”, reveló. Además, mencionó que estos audios han sido presentados al juez y él no los ha valorado, afirmando que no tienen elementos suficientes. “Se limita a decir que existe duda razonable y para él es un negocio entre privados”, agregó.

Detalló que en la apelación, la Fiscalía indicó que un negocio deja de ser privado cuando han cometido delitos. Por ejemplo, puntualizó que en este caso se ha encontrado peculado en el uso de agentes de tránsito que trasladaron las pruebas. Además, tomando en cuenta que los israelíes dijeron que el dinero fue entregado en efectivo y nunca ingresó al sistema financiero, se estaría hablando de enriquecimiento privado no justificado. También, recordó que en esta trama hay una persona asesinada y enfatizó que se deberá investigar “¿Cómo así Jacobo Bucaram le ofrece protección de Los Choneros a alguien que está en la Penitenciaría?”.

Resaltó que la defensa de los acusados ha manifestado que es un tema de persecución política y reveló que ha pedido que se revise la actuación del juez de instancias pero el pedido no ha sido ejecutado. “Los dos ciudadanos no han cooperado en nada”, manifestó.

“Hemos tenido muchísimos obstáculos y muchas dilaciones. Las prisiones preventivas caducaron, pese a múltiples advertencias de Fiscalía. Posterior, tenemos un sorteo irregular de un juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer para que atienda un habeas corpus siendo incompetente para hacerlo y lo manda a su casa a Jacobo Bucaram”, mencionó. 

Reveló que los acusados aseguraron que adquirieron las pruebas con un fin filantrópico porque se estaban candidatizando en una elección popular y los iban a donar. “No, lo que querían es aprovecharse de la desesperación de la gente en la época de pandemia”, resaltó.

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