Los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los que fueron asesinadas 25 personas en 1991 y 1992, fueron conocidos por la Corte Interamericana, antes de que la justicia peruana procesara y sentenciara a Fujimori a 25 años de cárcel en el 2009.
Carlos Rivera y Gloria Cano explicaron en rueda de prensa con corresponsales extranjeros acreditados en Perú que solicitarán a la Corte, en la audiencia programada para el 2 de febrero, que revise la legalidad de la resolución de indulto otorgada por el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski.
«Consideramos que el indulto calificado de humanitario, es una medida de carácter político que afecta seriamente las disposiciones contenidas en las resoluciones (de la Corte), en el sentido de las obligaciones internacionales del Estado», afirmó Rivera, director del Instituto de Defensa Legal.
Kuczynski otorgó el indulto al exmandatario después de que una facción del fujimorismo en el Congreso, liderada por su hijo Kenji Fujimori, lo salvara de un proceso de destitución en diciembre pasado.
Rivera agregó que el indulto a Fujimori «contraviene de manera abierta y descarada las disposiciones de la Corte».
En ese sentido dijo esperar «que se anule el indulto y que Fujimori regrese a prisión, que es la consecuencia automática de la anulación de la gracia otorgada».
El letrado recordó que «el Estado (peruano) ha sido buen cumplidor de la sentencias de la Corte», instancia que ha emitido 38 resoluciones referidas a responsabilidades del Perú.
Sobre la presencia del abogado de Fujimori en la audiencia de la Corte Interamericana, Rivera opinó que sólo quiere «generar un hecho político» ya que no será escuchado en esa sesión porque este tribunal sólo ve la responsabilidad internacional de un Estado, y no de individuos.
Por su parte, la abogada Gloria Cano declaró que «esta liberación de uno de los principales responsables (de las matanzas), a través de una componenda política, disfrazada de un indulto humanitario, viola todo derecho de las víctimas, el derecho interno e internacional».
La defensora añadió que «esta interrupción de la sentencia es impunidad ya que se le ha dado un recorte a su pena por un crimen tan grave como son los delitos de lesa humanidad».
Cano precisó que Kuczynski no sólo otorgó el indulto, que exime a Fujimori de cumplir la totalidad de la condena, sino que le dio el derecho de gracia con el cual ya no podría ser procesado por otros casos, como la matanza de seis campesinos en Pativilca en 1992.
La letrada señaló que la resolución del indulto y derecho de gracia no tiene fundamentación alguna, más que la necesidad de dar un indulto humanitario por motivos de salud, aunque Fujimori no padece una enfermedad terminal.
«El gobierno ha extendido un beneficio a un pedido de derecho de gracia que no se había hecho, por eso hemos pedido a la Sala Penal Nacional que haga un control de constitucionalidad y convencionalidad a esta resolución», indicó Cano.
En la misma rueda de prensa, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la universidad La Cantuta asesinados por el grupo militar encubierto Colina en 1992, afirmó que «no hay gestos desde el Estado que nos permitan cerrar con este dolor que permanentemente se abre cuando se toman este tipo de decisiones, de espaldas al derecho de los familiares».
Ortiz agregó que el jefe de Estado «ha traicionado» el compromiso firmado con ellos, en plena campaña electoral de 2016, de que no iba a otorgar el indulto y que iba a garantizar «nuestro derecho a la justicia».
En tanto, Rosa Rojas, cuyo esposo e hijo de 8 años fueron asesinados en Barrios Altos, se quejó de que tenga que seguir luchando por justicia transcurridos 25 años del crimen y por limpiar el nombre de su cónyuge.
«Me han quitado ese derecho de ser madre, de ser esposa, por eso salgo a las calles a reclamar justicia, la inocencia de mi esposo, que le han puesto un apelativo tan feo, la gente nos margina, diciendo que somos terroristas, no fuimos terroristas, fuimos personas muy humildes», expresó Rojas.
La matanza de Barrios Altos fue, según Rivera, la primera de 12 operativos encargados al grupo Colina durante el gobierno de Fujimori (1990-2000), tal como quedó registrado en el proceso que lo condenó.
