Polarización e irregularidades empañan a la justicia ecuatoriana, que en las últimas semanas ha sido blanco de críticas debido a la concesión de medidas como el habeas corpus para delincuentes procesados por distintos delitos, desde actos de corrupción hasta asesinato.

En Más Allá de los Hechos, María Paula Romo, abogada y exministra de Gobierno, manifestó su preocupación ante lo que consideró una distorsión de las garantías jurisdiccionales, convirtiéndolas en medidas a conveniencia personal y sentando un precedente nefasto de impunidad.

Romo recordó que cuando ejercía la titularidad de la Cartera de Gobierno, también se intentó abusar de esta medida, e incluso el propio exvicepresidente de la República, Jorge Glas, que ahora goza de libertad pese a las dos sentencias ejecutoriadas en su contra, presentó la solicitud, el mismo día en que lo hizo Jorge Luis Zambrano ‘Rasquiña’, y con el mismo abogado. La liberación del exmandatario dio paso a que nuevas solicitudes lleguen, alegando diversas complicaciones de salud e intentando burlar al sistema de justicia.

En este sentido, explicó que la primera responsabilidad recae sobre el juez que conoce la causa, pues está en sus manos determinar que no se permitan arbitrariedades como en el caso de la reciente puesta en libertad del Exvicepresidente Glas. En este tema puntual, Romo evitó adelantar criterios sobre si existe un pacto entre el Gobierno y el correísmo, pues aseguró que el tiempo será quien determine si hubo una cadena de coincidencias o acuerdos hechos bajo la mesa para lograr la liberación.

Agustín Grijalva, exjuez de la Corte Constitucional, compartió la visión de Romo, afirmando que el problema radica en jueces y abogados que se prestan para que se cometan las arbitrariedades de las que ha sido testigo el país. Sin embargo, resaltó las falencias en las actuaciones del Ejecutivo, pues en la cita a la que se convocó a los principales entes de justicia del país no participó la Corte Constitucional.

Para Grijalva, el Gobierno tuvo una postura infantil e irresponsable al deslindarse de la concesión de estas medidas, pues lo que se hizo fue inculpar a la Corte Constitucional por el otorgamiento de este recurso legal. El jurista resaltó que en el caso del habeas corpus concedido a Junior Roldán, alias «Jr», hubo también omisiones por parte del sistema de justicia, pues el procedimiento debe ser gradual y progresivo, es decir, se debe verificar la vulneración en el estado de salud, como se señala en el documento, y brindar atención en el centro penitenciario, posteriormente en un centro público, y luego, si es que la situación no mejora, enviar al criminal su casa.

De su lado Alexys Guanín, abogado del exjuez Pedro Moreira (sancionado por el Concejo de la Judicatura por la concesión del habeas corpus a alias ‘Jr’) explicó que el fallo de su defendido estuvo basado en las pruebas que fueron presentadas durante el proceso de la audiencia. «Todos apuntan a la decisión de Moreira, pero no se cuestiona el accionar del SNAI ni de Fiscalía, entidades accionadas en ese habeas corpus», señaló.

Guanín aseguró que la documentación que presentó su cliente para sustentar su petición es pública y que fue certificada por el propio Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y el Ministerio de Salud Pública. En este sentido, recordó que previo a la decisión de Moreira, se solicitó a la Policía Nacional elaborar un informe de seguridad con respecto al lugar al que iba a ser trasladado, el mismo que fue negativo pues no se contaba con las garantías necesarias. «El problema no es el juez, sino la paupérrima defensa del SNAI; hacia allá debe ir la investigación», añadió.

Finalmente, Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, compartió el criterio de que una de las principales responsabilidades recae sobre el SNAI, pues es su deber desvirtuar todas las pruebas de la defensa en pro de velar por los intereses de la institución y de la justicia.

En cuanto a los jueces, Gómez los señaló como segundos responsables de la situación, por no actuar en base a la jurisdicción en donde se encuentra el detenido, como en el caso de Jorge Glas, donde a pesar de haber estado recluido en Cotopaxi fue el juzgado de Manglaralto, en Santa Elena, quien otorgó su libertad.

Asimismo, parte de la responsabilidad recae en el Consejo de la Judicatura, que «se ha escondido detrás de la Corte Constitucional», aduciendo que no puede iniciar investigaciones de oficio. «Eso es mentira, pues sí puede sancionar por estas infracciones, previa declaratoria judicial», apuntó.

Por ello, concluyó que se debe sancionar a los abogados que hacen mal uso del derecho, así como a los jueces involucrados.

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