La acción se entregó este viernes 13 de marzo en la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito de “falsificación de documento público”. El incidente se registró el pasado miércoles 11 de marzo del 2020 en la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia – Mariscal Sucre, de Quito.
En este espacio la mujer presentó este documento y señaló que debía permanecer en cuarentena. El hecho generó temor entre los usuarios y servidores judiciales. El caso fue reportado inmediatamente a las instancias pertinentes.
Mientras se confirmaba, las actividades en la Unidad Judicial fueron suspendidas por cerca de una hora. Una vez que se descartó esta situación, el trabajo se reanudó con normalidad. En la denuncia del Director General del Consejo de la Judicatura se explica que es un delito de acción pública, tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Este dice: “Falsificación y uso de documento falso.- La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (…)”.
El Consejo de la Judicatura espera que en las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado se determine la responsabilidad por estos hechos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ayer 12 de marzo, recordó que habrá sanciones para quienes incumplan con la orden de aislamiento voluntario preventivo obligatorio, que los médicos, como autoridades competentes, nombradas por el Ministerio de Salud.
En el país se han registrado los casos de un marino que salió de la cuarentena, llegó al aeropuerto, intentando volar hacia Galápagos, pese a estar dentro del grupo de vigilancia epidemiológica. También una estudiante de la Universidad de Guayaquil acudió a clases, poniendo en riesgo a los demás alumnos y profesores.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
