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El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, expresó este lunes su apoyo a la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional y a las siete preguntas que presentó el Ejecutivo, tras recoger las propuestas de varios sectores. Dijo que oponerse a este mecanismo "es antidemocrático".

El Telégrafo

“Por directa, por económica, por pronta, porque elimina al intermediario entre la voluntad del pueblo y la ley, hoy, una vez más, ratificamos nuestro apoyo al procedimiento de consulta y el contenido de preguntas”, apuntó el Burgomaestre en el marco de la Sesión Solemne por los 197 años de Independencia de la urbe.

Nebot destacó así que los condenados por corrupción no puedan ejercer cargos públicos; la independencia de funciones del Estado; que es válido que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sea sustituido por el pueblo; que se elimine la reelección indefinida de cualquier funcionario.

Acotó estar de acuerdo con la derogación de la Ley de Plusvalía, que “ha causado el caos en la actividad de la construcción, ha paralizado el país y bajado la recaudación de carácter fiscal”. Recalcó su aprobación de las preguntas en materia de petróleo y minería, que garanticen el desarrollo sustentable.

Así también a la pregunta que plantea la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes. “La repuesta del pueblo ecuatoriano debe ser un rotundo sí a esas siete preguntas, el fututo de nuestras familias depende de ese resultado”, apuntó el Alcalde. Nebot señaló, sin embargo, que dicha consulta no debe politizarse electoralmente ni partidizarse.

“Es una consulta del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Los políticos podemos defenderla, pero no manipularla para sacar bastardos réditos electorales”. No obstante, el Alcalde mencionó otros puntos que se podrían tomar en cuenta, como el suprimir y rebajar los impuestos “injustos e innecesarios” y reducir la tarifa de energía eléctrica que “hoy entraña un impuesto escondido”.

Dijo que las asociaciones público-privadas deben ser mejoradas, suprimiendo requisitos innecesarios. También que se amplíe al máximo la frontera del empleo, permitiendo contratos en condiciones acordadas entre empleadores y trabajadores. Señaló que el Estado no vuelva jamás a disponer de los dineros de los asegurados, trabajadores privados, fondos de maestros, encaje bancario y rentas de provincias y ciudades.

Fuente: El Telégrafo