La asambleísta Ana Galarza, del movimiento CREO, desvirtuó hoy las acusaciones que la implican en un supuesto caso de cobros irregulares a sus asesores, y consideró que grupos involucrados en corrupción pretenden provocar una "conmoción social" en busca de la llamada "muerte cruzada".

La asambleísta Ana Galarza - EFE

«La ‘muerte cruzada‘ consiste en que se llegue a una grave crisis institucional, una conmoción social, a tal punto que el presidente no pueda más, que se le vaya el país de las manos, que no esté en su capacidad, y disuelva a la Asamblea», explicó Galarza a Efe.

Según ella, si se logra la «muerte cruzada» cambiarían también asuntos relacionados con la Fiscalía, Contraloría «y todas esas instancias» en las que se ventilan casos de corrupción y que aún no cuentan con titulares designados.

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Se refirió así al artículo 148 de la Constitución sobre la disolución de la Asamblea Nacional.

El artículo reza que el jefe de Estado «podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna».

Según la Constitución, en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos, y de ahí la referencia al tema como «muerte cruzada» pues las dos funciones se renuevan.

Para la asambleísta, gente investigada por casos de supuesta corrupción quieren llevar a la «muerte cruzada«, incluso antes de que se conforme el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que designa a las autoridades de control, y que quedará constituido en las urnas el próximo 24 de marzo.

«Hay temas, denuncias en la Fiscalía por delitos no prescriptibles», recordó al presumir que con el audio filtrado esta semana en el que se mencionan supuestos cobros indebidos a asesores, -que ella niega- se busca desprestigiar a la Asamblea e indignar a la ciudadanía.

Se dice «incómoda» para los corruptos y cree que las afrentas que recibe son represalias a su trabajo de fiscalización y a varias denuncias sobre presunta corrupción que ha hecho.

Esas denuncias -revela- le han significado «amenazas de muerte» a través de Facebook contra sus hijos de 2 y 4 años, de los que ha debido separarse para precautelar su seguridad.

Tras filtrarse el audio, Galarza acudió ayer a la Fiscalía para pedir mayor investigación y defender su inocencia.

Reveló que se prepara, además, para poner la próxima semana una denuncia por calumnias contra su exasesor Lenín Rodríguez, cuya voz se escucha en el audio.

Rodríguez «se niega» a poner ante la Fiscalía la denuncia de los supuestos cobros de Galarza, según la legisladora que opina que su exasesor se ha confabulado con sectores correístas, -en referencia a los seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017)- «para generar una desestabilización del país».

«Con la crisis económica que tenemos, ¿de verdad necesitamos toda esta crisis política?«, se preguntó al temer daños en la imagen internacional del país con los consecuentes efectos negativos para la inversión.

Aparte del tema de la imagen de la Asamblea, Galarza sostiene que también se pretende crear «conmoción social» por las recientes medidas económicas adoptadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno, que incluyen el alza del precio de los combustibles.

Por ese incremento, grupos sindicales han anunciado manifestaciones de rechazo al temer un efecto dominó en los costes de otros productos.

Integrante de CREO, de centroderecha, Galarza también considera que se trata de medidas «impopulares» pero argumenta que Moreno debió tomarlas ante la crisis económica en que dice haber heredado el país de manos de Correa, su predecesor y excorreligionario.

Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo