Una marcha de respaldo a la Universidad de Guayaquil recorrió varias calles del norte de la ciudad, la mañana de este viernes 17 de agosto de 2018. Decenas de estudiantes, docentes y trabajadores del centro de estudios se dirigieron al edificio de la Dirección Regional de la Contraloría en Guayas.

Créditos: El Universo

La entidad de control realiza 17 análisis relacionados con irregularidades en la gestión de la universidad. Dos de ellos están en fase final de revisión y los informes preliminares predeterminaron responsabilidades administrativas y civiles contra varias autoridades. Andrés Santos, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), fue parte del grupo de encabezó la movilización.

“Se han dado quemas de llantas, amenazas de bomba, han lanzado bombas panfletarias dentro de la universidad. Se especula mucho y hay mucha zozobra. Creemos que esto es debido a que se la ha dado interés a una supuesta Comisión Anticorrupción”.

La Comisión Anticorrupción de Guayas, integrada en parte por docentes de la Universidad de Guayaquil, ha presentado denuncias ante la Contraloría. Algunas se convirtieron en exámenes especiales que han motivado manifestaciones a favor y en contra en las últimas semanas.

Camilo Morán es miembro del grupo anticorrupción y aclara que ellos no han ejecutado los estudios. “La Controloría es el organismo de control del Estado y, por lo tanto, no se puede decir que son estudios direccionados. Por otro lado, para la marcha de hoy sacaron a los estudiantes, a los empleados administrativos, dejaron abandonadas las oficinas”.

Entre los análisis de la Contraloría está el examen especial a las actividades administrativas, académicas y financieras de la Facultad de Jurisprudencia, que detectó irregularidades en la emisión de títulos. En total, 28 títulos de abogados se registraron en la Senescyt con actas de grado emitidas antes de que los estudiantes culminen sus trabajos de titulación.

Otro examen se enfocó en las remuneraciones, pago de viáticos y subsistencias, que predeterminó responsabilidades civiles y administrativas por USD 9,1 millones.

El análisis abarcó de enero a abril de 2017. En un informe preliminar, la Contraloría señaló que no se cumplieron las recomendaciones que habían dado anteriormente. Y que solo por aumentos de salarios detectaron USD 7,4 millones que no fueron documentados por el departamento de Talento Humano.

Según la Procuraduría de la universidad, los documentos fueron entregados durante la fase de descargos. Además explicaron que los aumentos se ejecutaron bajo procesos de recategorización y reclasificación.

En cuanto a los títulos aseguraron que las fallas se originaron en la Unidad de Titulación de la Facultad y no en el Rectorado.

Clemente Moreira, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, confía en que los descargos presentados en estos dos casos serán favorables al centro de estudios. “Sospechamos que las personas que hicieron la auditoría están equivocadas o son gente con poca experiencia (…). Hay grupos minúsculos que quieren desestabilizar a la universidad”, dijo.

Durante la marcha de esta mañana, los representantes de estudiantes, docentes, trabajadores y graduados dejaron un documento en una de las ventanillas de la Controloría. En esa carta solicitan una reunión con el contralor Pablo Celi.

Fuente: El Comercio