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Acorralada por la justicia y el hartazgo social frente a la corrupción, la expresidenta y senadora Cristina Fernández accedió el martes a que un juez allane varias de sus propiedades en el marco de una investigación sobre una supuesta trama de negociados con la obra pública durante su gestión.

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El anuncio a través de redes sociales ocurre justo en momentos en que la justicia cierra el cerco sobre exfuncionarios y empresarios por el pago de sobornos a cambio de contratos millonarios con el Estado durante los 12 años de gestión kirchnerista y en simultáneo con una multitudinaria manifestación frente al Congreso en reclamo de su desafuero como senadora para que rinda cuentas ante la justicia.

El juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa, solicitó al Senado autorice el ingreso de agentes judiciales a las propiedades de Fernández en Buenos Aires y en el sur del país. Tras la fallida sesión hace una semana, la Cámara Alta tiene previsto tratar el asunto este miércoles.

Un día antes, la expresidenta (2007-2015) comunicó a sus pares del Senado en un escrito que “no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío”.

“Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”, agregó.