El viernes último, la función solicitó a los jueces que resuelvan sobre el veto total a la ley por parte del presidente Guillermo Lasso.

Créditos: El Universo

La Asamblea Nacional pidió a la Corte Constitucional (CC) que se pronuncie respecto de la objeción total por inconstitucionalidad que resolvió el presidente de la República, Guillermo Lasso, a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El presidente Guillermo Lasso vetó totalmente por inconstitucionales los artículos que, en marzo pasado, el Parlamento modificó de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

El articulado fue aprobado por el anterior periodo legislativo, y se incluyeron artículos para incrementar el salario para los docentes con base en un nuevo escalafón y un régimen de jubilación especial para los maestros.

Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió la ejecución de esas disposiciones porque no existían informes económicos y actuariales que avalen el incremento del gasto público. Eso, hasta que el Legislativo y Ejecutivo subsanen los vicios de inconstitucionalidad que se determinó en un dictamen.

La Asamblea en funciones aprobó en marzo pasado la nueva ley, en la que reformó el escalafón y determinó algunas fuentes de financiamiento, como la recaudación tributaria y los ingresos extraordinarios por el precio del barril de crudo, pero no dio paso al régimen de jubilación especial.

Lasso esgrimió en el veto que los asambleístas no cumplieron con lo dispuesto por la Corte, pues continuó con el trámite de la normativa pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas no emitió un dictamen favorable sobre la factibilidad financiera de los incrementos salariales, lo cual es inconstitucional. Además, que generó una presión sobre el fisco, que no tiene fondos para cubrirlos.

 En respuesta, la Función Legislativa solicitó a la Corte Constitucional el 22 de abril último que se pronuncie sobre la objeción total del régimen a la normativa.

Se argumentó que con base en los artículos 139 de la Constitución y 65 de la Ley de la Función Legislativa y 131 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Legislatura aún se encuentra dentro de los plazos legales para solicitar este pronunciamiento, para lo que los jueces tendrán un plazo de 30 días.

“La Asamblea Nacional ratifica que el tratamiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se realizó con irrestricto apego a la Constitución y a la Ley de la Función Legislativa”, se recoge en un comunicado divulgado este sábado, 23 de abril. (I)

NOTA ORIGINAL: El Universo – LINK