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La Corporación Participación Ciudadana y la "Coalición Legislativa por la Transparencia Fiscal" entregaron a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el proyecto de Ley de Transparencia Fiscal que busca convertirse en una herramienta para luchar contra la corrupción.

El Telégrafo

Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, al presentar la propuesta dijo que se promueve la transparencia fiscal en la gestión en el ámbito estatal, buenas prácticas entre instituciones públicas, autoridades y ciudadanos para mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas. Cabezas, por su parte, resaltó la importancia que organismos ciudadanos se involucren en la lucha contra la corrupción.

Por esta razón, exhortó a las organizaciones sociales a preparar y presentar nuevas iniciativas para elaborar normativas que frenen actos de corrupción y sancionen a los responsables. Hidalgo explicó que las reformas propuestas son producto del trabajo de nueve meses entre asambleístas de distintos bloques, la presidenta de la Asamblea y los equipos técnicos de Participación Ciudadana y Cordes.

Los temas que aborda el cuerpo legal están relacionados con la elaboración, manejo y asignación del Presupuesto General del Estado, adjudicación de contratos sobre recursos extractivos, petroleros, mineros y adecuados mecanismos de transparencia en la información pública, fiscalización y rendición de cuentas.

El proyecto reforma ocho leyes: Código Monetario y Financiero, Código de Planificación y Finanzas Públicas, Leyes de la Función Legislativa, de la Contraloría General del Estado; de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Contratación Pública; de Minería y de Hidrocarburos.

Se plantea promover el acceso a los documentos e información que reposan en el sector público, en especial al relacionado al presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas debe presentar en web el origen y el destino de los recursos del presupuesto con un alto nivel de detalle y calidad.

También propone regular los contratos de emergencia y que la información no sea reservada ni confidencial, sino de acceso público para mejorar los controles ciudadanos.

Fuente: El Telégrafo