El integrante de la Comisión de Justicia, Ricardo Vanegas, resaltó que este proceso de fiscalización responde a los estudios de seguridad ejecutados que evidencian que los actos de sicariato en el país se originan desde las cárceles, por lo que urge aplicar métodos de inhibición en las líneas telefónicas de los reos en los centros penitenciarios, para mitigar la inseguridad.
.@Ricardo_Vanegas: «Cómo puede ser posible que habiendo 36 Centros de Privación de Libertad, solo dos tengan inhibidores, eso son el Inca y El Turi, y que además, estos inhibidores no les pertenezca al Estado».
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— NotiMundo (@notimundoec) October 7, 2022
Vanegas confirmó que de los 36 centros que existen a escala nacional, solo 2 cuentan con inhibidores, la cárcel de Turi en Cuenca y la del Inca en Quito. El legislador indicó que las empresas de telefonía móvil argumentan que la obligación de ellos es defender el derecho constitucional de comunicación de todas las personas, incluidos de las privadas de la libertad. Vanegas discrepó con que las operadoras “quieran proteger un negocio, en donde se encuentran los centros penitenciarios, en perjuicio de toda la ciudadanía del país”.
Compromisos acordados
El integrante de la Comisión de Justicia destacó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescente Infractores (SNAI) enviará semanalmente el listado de presuntos números de celulares activos en las cárceles, para que sean bloqueados “inmediatamente” por las operadoras privadas y públicas.
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