La Asamblea Nacional define este 25 de agosto del 2017 si autoriza o no el enjuiciamiento penal del vicepresidente, Jorge Glas. Esto por los 10 indicios que la Fiscalía encontró para vincularlo por asociación ilícita en uno de los casos que se indagan alrededor de la firma constructora Odebrecht.

El Comercio

Se prevé que la sesión del Pleno arranque a las 15:00 y que no se alargue demasiado. Los integrantes del bloque de los aliados al oficialismo no tienen previsto intervenir en el debate en el pleno.

“Para cumplir el debido proceso, creería que todo se dé en la brevedad posible”, comentó el jefe de esa bancada Daniel Mendoza. El Partido Social Cristiano (PSC) y SUMA, ambos de oposición, tienen previsto delegar solamente a dos asambleístas por cada bancada.

Se enfocarán en los argumentos por los que se debe aprobar la autorización solicitada por la Corte Nacional de Justicia. Luis Fernando Torres, del PSC, se encargará de mocionar un documento de resolución, para que sea debatido, en representación de toda la oposición.

Pero él reconoce que dependerá del presidente de la Asamblea, José Serrano, dar paso al debate o directamente a la votación. En el segundo escenario, se consultaría a los legisladores si están o no de acuerdo con el pedido.

Alianza País adelantó que se llegó al acuerdo para que todos voten a favor, pero aclarando que respaldan y confían en el Vicepresidente.

Aunque hasta la mañana de este 25 de agosto del 2017 algunos oficialistas aún analizaban la posibilidad de principalizar a sus alternos para la votación o acogerse a la objeción de conciencia.

Quienes tratarán de tener más presencia en el Pleno, si hay debate, es el bloque de Creo. Roberto Gómez explicó que todos los que quieran hablar están en su derecho de hacerlo. Generalmente en los debate intervienen entre cuatro y seis personas de esa bancada.

Esta tarde les interesa posicionar un mensaje: la corrupción durante una década. Ellos harán un repaso de los procesos abiertos, de los casos que a su criterio quedaron en la impunidad y de la necesidad de combatir la corrupción.

Fuente: El Comercio