En el marco de las comparecencias de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sobre los concursos de méritos y oposición para designar a los titulares de la Superintendencia de Bancos, Contraloría General del Estado (CGE) y funciones prorrogadas del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador; tres consejeros coincidieron en una arrogación de funciones por parte del presidente del CPCCS, Hernán Ulloa.

Créditos: Transmisión de la sesión Asamblea Nacional

Los consejeros del CPCCS se refirieron a la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos. En ese sentido, David Rosero aseguró que, de manera oficial, no existe ningún un proceso de terna para designar a un nuevo Superintendente de Bancos. Además, denunció que, en este nuevo proceso, que inició el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, no existe una veeduría ciudadana.

El presidente de esta mesa legislativa, Ferdinan Álvarez (Unes), cuestionó que en la acción de protección presentada en este procedimiento, la jueza Larissa Ibarra recibía instrucciones por teléfono, de cómo actuar ,“ella estaba atemorizada y decía que no podía continuar con la diligencia”, reveló Álvarez y detalló que, en esa audiencia, pudo observar a “una jueza que no sabía dónde estaba parada, recibía instrucciones por teléfono y que hubo una metida de mano en la justicia”.

Por su parte, Sofía Almeida, se refirió a los audios filtrados en los que interviene el consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo presionando a Raúl González para que renuncie a la terna. “¿Cómo Caicedo supo detalles del concurso? ¿Quién trabaja para el Gobierno como infiltrado en el CPCCS? ¿Hay acaso una coordinación entre Ulloa y Caicedo? Esta es una clara intromisión del Ejecutivo en las decisiones del CPCCS”, dijo Almeida y agregó que la persecución que se sigue contra González es similar a la que ella vivió.

Además, Almeida denunció que “todos los casos pesados del país” caen en manos de la jueza Larissa Ibarra. “Lo más raro es que Ulloa vote en contra y a pocos días se presenta la denuncia contra la designación de González”, precisó Almeida y puntualizó en que existe una metida de mano del Ejecutivo en este caso.

Ricardo Ulcuango coincidió con Almeida y mencionó que el CPCCS se ha convertido en una sucursal de Carondelet. “Al parecer, quien dirige y quien ordena a esta entidad es Carondelet con consejeros ad honoren”, enfatizó Ulcuango durante su intervención.

Finalmente, Hernán Ulloa defendió su gestión y puntualizó que acató la sentencia y continuó con el proceso de designación del superintendente de Bancos, con la nueva terna enviada por el Ejecutivo.

Respuesta de Raúl González sobre el caso

El secretario general jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, presentó una denuncia en contra de Raúl González, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, usurpación y simulación de funciones públicas, y peculado. En un documento de la Secretaría de Comunicación, se informó que Pozo acudió, la tarde del 16 de agosto, a la Fiscalía General del Estado, para entregar, de manera formal, la acusación contra González.

En exclusiva para NotiMundo, Raúl González afirmó que, como respuesta a esta acusación, están preparando una defensa técnica. Agregó que durante los últimos días ha sido “objeto de burla” por parte de algunos medios de comunicación y señaló que no tiene interés en ocupar el cargo de Superintendente de Bancos. “Este ya es un tema político y judicial, porque existe una sentencia de primer nivel donde una jueza dio una sentencia la cual fue apelada y vamos a actuar acorde a derecho”, enfatizó.

Superintendencia de Bancos anula el nombramiento de Raúl González

La Superintendencia de Bancos dejó sin efecto la acción de personal mediante la cual se nombró a Raúl González como titular de la entidad. Mediante un comunicado de prensa, se informó que, con esta suspensión, “cualquier disposición emitida y documentación generada bajo ese nombramiento queda insubsistente”. El documento puntualiza, además, que la única entidad competente para designar a la autoridad de esa institución es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que actualmente lleva a cabo un nuevo proceso de designación, en atención a la sentencia constitucional del pasado 1 de agosto que dispuso la nulidad del proceso en el que fue seleccionado González.

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