Óscar Ayerve, representante del colectivo, explicó que las auditorías corresponden a la utilización de fondos públicos por los festejos del 30S, convocados por el expresidente Rafael Correa; los fondos utilizados por la Senain; los gastos realizados por la Comisión Especial para analizar casos del 30S, integrada por el exfiscal Carlos Baca, Oscar Bonilla y Diego Guzmán.
Además, que se determine la devolución de los dineros cobrados a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por glosas impuestas por la paralización de servicios públicos, «que luego del proceso de la justicia ordinaria dictaminaron su inocencia, quedando así desvirtuado cualquier hecho que ellos se les imputaba».
También un examen a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y medios de comunicación del Estado, por su uso en la campaña comunicacional del 30S. El documento también fue entregado a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).
Pablo Celi, contralor general del Estado subrogante, dijo que la institución está dispuesta a colaborar con el proceso. «Ventajosamente nos ha sido restituida la capacidad de realizar auditorías de gestión, que en el pasado le fue negada a la Contraloría e impidió tener un perfil de análisis más amplio e integral de acontecimientos como el 30S».
Celi dijo que se buscarán todos los mecanismos legales y administrativos para llegar a los principios de verdad y justicia en las peticiones hechas por los afectados. El contralor propuso a la Asociación de Víctimas que conforme una comisión, de cinco personas, que trabaje a la par con la entidad.
Fuente: El Telégrafo
