Algunos ingresos extras de los procesados en el caso ‘Estrella Dorada’ serían por la presunta venta de pases en la Policía Nacional, según lo afirmaron en sus testimonios los procesados Daniel R. y Alfredo A.

Fiscalía

Los testimonios de los dos procesados fueron receptados en la audiencia de juicio, que se desarrolló la mañana del miércoles 28 de septiembre, ante los jueces del Tribunal Provincial de Pichincha.

Alfredo A. mencionó que habría prestado su cuenta bancaria para unos depósitos, luego retiraba el dinero y lo entregaba a Rodolfo Q., quien también está procesado en este caso.

La Fiscalía y la defensa de los 16 procesados (15 policías y una civil) culminaron con la presentación de las pruebas testimoniales y documentales, en la audiencia de juicio que se realiza por cuarta semana y ya entró en su fase final.

La jueza ponente Maritza Romero suspendió la audiencia el miércoles 28 de septiembre y anunció que, para otorgar tiempo para que las partes se preparen para los alegatos finales, esta se reinstalará el viernes 30 de septiembre, a las 9:00, en la Corte Nacional de Justicia.

La investigación del caso

La Fiscalía investigó los presuntos hechos ilícitos en los que habrían participado los procesados. Ellos presuntamente reclutaron a policías que solicitaban laborar en otras ciudades y les vendían los pases.

Los procesados se habrían aprovechado de sus funciones y, al parecer, desbloqueaban con sus claves el sistema para tramitar los pases, a pesar de que estos no cumplían con el reglamento.

Según la investigación de la Fiscalía, entre octubre de 2014 y julio del 2015 se habrían negociado alrededor de 1.317 pases.

Basándose en la investigación y en las pruebas presentadas en la audiencia de juicio, la Fiscalía busca comprobar quiénes son los responsables de la conformación de una estructura delictiva dedicada a emitir, de manera irregular, los traslados en las diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional.

Dato:

La Fiscalía acusó a los procesados por el delito de delincuencia organizada, sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de hasta 10 años.